Un borrador de decreto del Gobierno nacional puso en marcha una nueva controversia política en Colombia. La iniciativa busca entregarle a la Policía herramientas para actuar frente a hechos de violencia durante las manifestaciones públicas, según reportó Revista Semana.
La filtración del documento encendió el debate en el Congreso y en organizaciones de derechos humanos. Sectores políticos de oposición y de gobierno pidieron su archivo y cuestionaron que la protesta social quede en manos de un decreto de carácter excepcional.
La protesta es un derecho constitucional en Colombia, protegido por los artículos 37 y 56 de la Carta Política. Cualquier norma que la regule debe pasar por el Congreso, salvo que se declare un estado de excepción, figura que no ha sido invocada en este caso.
Según la fuente, el borrador otorga facultades especiales a la fuerza pública para intervenir bloqueos y vías de hecho. Críticos advirtieron que la medida abre la puerta a la criminalización de la movilización social y al uso desproporcionado de la fuerza.
La Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organismos internacionales han llamado en otras ocasiones a que cualquier respuesta del Estado frente a la protesta cumpla con los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad.
El proyecto coincide con un calendario de paro agrario, marchas estudiantiles y jornadas de protesta en distintas regiones del país. Las organizaciones sociales anunciaron que evalúan nuevas jornadas de movilización si el borrador avanza.
En el Congreso, bancadas de oposición solicitaron citar al ministro del Interior y al ministro de Defensa para que expliquen el alcance del decreto. Sectores del oficialismo pidieron retirar la iniciativa y abrir un diálogo con plataformas de derechos humanos.
El Gobierno enfrenta así una prueba de fuego en su primer año. La decisión sobre el borrador puede consolidar la confianza con las fuerzas democráticas o profundizar la fractura con los movimientos sociales que protagonizaron el paro nacional de 2021.
Por ahora, la pelota está en la Casa de Nariño. Si el borrador se archiva, se reabre el debate por una ley estatutaria de la protesta, congelado desde hace casi una década en el Legislativo.