El presidente electo Abelardo de la Espriella afirmó que el jefe de Estado saliente estaría intentando un golpe de Estado, según reportó el canal TN. La denuncia se conoce en la etapa previa al cambio de mando en Colombia, fijado para el 7 de agosto, cuando De la Espriella debe asumir la primera magistratura del país.
En paralelo, el presidente Gustavo Petro se niega a reconocer el resultado de las elecciones, según la misma fuente. Ese desconocimiento formal del escrutinio ha sido uno de los puntos críticos de la transición y abrió un escenario de confrontación política entre el Ejecutivo saliente y el equipo del presidente electo.
Ante la denuncia, De la Espriella pidió respaldo a las Fuerzas Armadas. El llamado apunta a las Fuerzas Militares y de Policía, instituciones encargadas de la seguridad y la defensa nacional, y que por tradición constitucional responden a la Nación y no a un gobierno de turno.
En el ordenamiento colombiano, las Fuerzas Armadas están bajo la dirección del presidente de la República. Cualquier controversia entre el Ejecutivo saliente y el entrante sobre quién ejerce ese mando genera dudas operativas en la cadena de mando militar, sobre todo en la recta final de un periodo.
La transición de mando en Colombia suele incluir reuniones entre los equipos de gobierno, acceso a información reservada y coordinación de protocolos de seguridad. El señalamiento de un supuesto golpe de Estado introduce un factor de inestabilidad en ese proceso y desplaza la agenda hacia la defensa institucional.
La acusación se enmarca en una larga lista de tensiones entre el gobierno de Gustavo Petro y sectores políticos que lo adversaron durante su administración. El hecho de que el presidente electo hable abiertamente de una ruptura del orden constitucional eleva el tono del debate público y pone la mirada sobre la reacción de las Fuerzas Armadas y del Congreso.
Según el extracto de TN, no se entregaron pruebas específicas que sustenten la acusación. Esa ausencia de detalles comprobables deja la denuncia en el terreno de la declaración política, pendiente de ser acreditada o desmentida por las partes involucradas.
Para la ciudadanía, el choque entre el presidente electo y el saliente tiene efectos prácticos: incertidumbre sobre la continuidad de políticas públicas, demoras en nombramientos y una opinión pública a la expectativa de cómo se resolverá la entrega del poder el 7 de agosto.
El siguiente paso inmediato será la reacción del gobierno de Petro y de la bancada oficialista, así como la postura que adopten las Fuerzas Armadas frente al pedido de respaldo formulado por De la Espriella. La comunidad internacional y los organismos multilaterales también siguen de cerca el desenlace de la transición colombiana.