Los cabecillas de la banda criminal 'Los Pepes', Digno José Palomino y Aldair Montealegre, fueron ubicados en la ciudad de Barranquilla, según reportó la fuente. Su localización coincide con el momento en que el presidente electo Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia pública dirigida a organizaciones ilegales para que se sometan a la justicia.
La información disponible indica que ambos señalados habrían aceptado la exhortación y se disponen a entregarse a las autoridades competentes. No se detallan en la fuente las condiciones ni el sitio exacto donde se produciría la entrega, un aspecto clave para verificar cómo avanza el proceso.
La advertencia del presidente electo se inscribe en el tono que ha marcado su discurso frente al crimen organizado. Su planteamiento ha sido exigir a los grupos al margen de la ley que se sometan de manera voluntaria a la justicia, en lugar de esperar operativos de captura. Esa línea se ha convertido en una de las banderas de seguridad de su campaña.
La banda 'Los Pepes' ha sido vinculada por las autoridades a actividades de narcotráfico y a disputas territoriales con otras estructuras criminales en la región Caribe. Investigaciones previas de la Fiscalía y la Policía han señalado a sus cabecillas como responsables de coordinar envíos de droga y de ordenar acciones violentas contra rivales y contra la fuerza pública.
Para la ciudadanía, el eventual sometimiento de estos cabecillas tendría implicaciones directas en la seguridad urbana de Barranquilla y su área metropolitana, donde la presencia de 'Los Pepes' ha generado hechos de violencia, extorsiones y temor en sectores comerciales y residenciales. La desarticulación de la cúpula facilitaría, en principio, la persecución judicial de los eslabones restantes.
El caso llega además cuando el país se prepara para la transición de gobierno, prevista para el 7 de agosto de 2026. En ese contexto, la estrategia de seguridad del presidente electo se convierte en una señal de cómo piensa enfrentar a las estructuras criminales en los primeros meses de su mandato.
Otro frente pendiente es el de las víctimas. Si Palomino y Montealegre se entregan formalmente, la Fiscalía deberá evaluar la aplicación de mecanismos de justicia transicional o la vía penal ordinaria. Cualquiera de las dos rutas obligará a las autoridades a garantizar los derechos de quienes han sufrido los delitos atribuidos a esa organización.
La fuente consultada no precisa si las autoridades colombianas confirmaron de manera oficial la entrega ni en qué lugar se realizaría. Tampoco detalla los delitos específicos que serían imputados a cada uno ni la trayectoria judicial previa de los cabecillas, información que se espera conocer en las próximas horas a medida que avance el procedimiento.