La Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades competentes activar los mecanismos de protección correspondientes para el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella. El llamado se produjo luego de que el equipo del dirigente denunciara un presunto atentado en su contra, según reportó el portal Colombia.com.
De acuerdo con la información conocida por el equipo del dirigente, un hecho violento fue reportado y puesto en conocimiento de las autoridades. La denuncia es el punto de partida de la actuación preventiva de la Procuraduría, que pidió tanto medidas cautelares de protección como el inicio de las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.
La Procuraduría es el organismo constitucional encargado de vigilar el comportamiento de los servidores públicos y de velar por los derechos fundamentales. En materia electoral, el Ministerio Público cumple un papel de acompañamiento y veeduría durante todas las etapas del proceso, incluyendo la protección de los actores políticos que participan en él.
En el contexto de las campañas electorales en Colombia, los precandidatos y candidatos cuentan con esquemas de seguridad administrados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad adscrita al Ministerio del Interior. La solicitud de la Procuraduría busca que esos esquemas sean revisados o reforzados a la luz de la denuncia.
El hecho conocido por el equipo de De la Espriella ocurre en un momento en el que varias campañas políticas han denunciado situaciones de riesgo en distintas regiones del país. Sectores sindicales, indígenas y de derechos humanos han pedido en reiteradas oportunidades mayor atención del Estado sobre las amenazas a liderazgos políticos y sociales.
La reacción de la Procuraduría llega en cumplimiento de su función preventiva. La entidad suele expedir este tipo de llamados cuando un servidor público, un candidato o un ciudadano en condición de vulnerabilidad es señalado como objetivo de algún tipo de amenaza o agresión, sin esperar al avance de la investigación penal.
Por ahora, ni el equipo de campaña del dirigente ni las autoridades han entregado detalles adicionales sobre el lugar, la fecha o las características del hecho denunciado. La instrucción de la Procuraduría es que se adelante una investigación que permita determinar responsabilidades y, de ser el caso, individualizar a los responsables materiales e intelectuales.
El llamado del Ministerio Público se suma a las acciones que se esperan en las próximas horas por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, entidades a las que correspondería avanzar en la recolección de pruebas y en el esclarecimiento del episodio, respectivamente. La protección del precandidato dependerá de la evaluación del nivel de riesgo que haga la UNP.
El episodio pone de relieve uno de los temas centrales de toda campaña política en Colombia: la protección de quienes aspiran a cargos de elección popular. En anteriores procesos electorales, atentados y amenazas a candidatos han derivado en investigaciones de la Fiscalía y en solicitudes formales de medidas cautelares ante organismos internacionales.