La declaración de Germán Calderón se conoce luego de que la dirección del Senado quedara en manos del Centro Democrático, tras una elección interna que reconfiguró las mayorías en la Corporación. Con ese resultado, el bloque cercano al presidente Abelardo de la Espriella perdió un cargo clave para la coordinación legislativa, según reportó Infobae.
Calderón, quien actúa como abogado del jefe de Estado, afirmó que serán pocas las iniciativas de ley que lograrán avanzar en el Congreso durante lo que resta del período. La lectura del asesor es que el nuevo mapa de fuerzas en el Capitolio reduce la capacidad del Gobierno para tramitar proyectos propios por la vía ordinaria.
En su intervención, el abogado planteó que gran parte del programa de gobierno podrá ejecutarse mediante decretos reglamentarios, una facultad con la que cuenta el Ejecutivo para precisar la aplicación de leyes ya vigentes, sin necesidad de pasar por el Legislativo. Esa figura está reglada en la Constitución y tiene límites claros: solo puede dictarse en materias ya reguladas por una ley previa.
La disputa por la presidencia del Senado es vista como un primer termómetro de las relaciones entre el Gobierno y el Congreso. La Corporación es la encargada de instalar la agenda legislativa, decidir el orden de los debates y ordenar los impedimentos, entre otras funciones, por lo que su dirección suele ser determinante para el ritmo con el que avanzan los proyectos del Ejecutivo.
Desde el ámbito ciudadano, la consecuencia inmediata es de procedimiento: si el Gobierno opta por la vía del decreto, los cambios normativos se concretan sin debate en el Congreso, lo que concentra la decisión en el Ejecutivo y limita los espacios de control político. La oposición y los partidos que no hacen parte de la coalición tendrían menos margen para modificar el contenido de esas normas.
En cambio, el camino legislativo ordinario implica discusión en comisiones y plenarias, audiencias públicas y conciliación, y suele extenderse durante meses. Por eso, cuando el Ejecutivo enfrenta un Congreso con mayorías adversas, los decretos reglamentarios se vuelven un atajo, aunque jurídicamente no permiten crear tributos, modificar leyes marco ni regular materias reservadas.
El episodio deja abierta la pregunta sobre cómo se tramitarán las reformas sociales y económicas que el Gobierno ha inscrito en su programa. De la magnitud de esa agenda y de la profundidad de los cambios dependerán, en buena medida, los temas que terminarán aterrizándose por decreto frente a los que requerirán negociar voto a voto en las Cámaras.
Por ahora, según recoge Infobae, la apuesta del equipo presidencial es realista: asumir que el Congreso será un escenario difícil y, en paralelo, preparar los actos administrativos necesarios para que las prioridades del Gobierno empiecen a regir por la vía reglamentaria, mientras se evalúa qué proyectos sí tendrían los votos para convertirse en ley.