El Gobierno Nacional ordenó el traslado de internos vinculados a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) hacia cárceles de máxima seguridad en Colombia, según reportó Pulzo. La decisión fue comunicada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que ya adelanta los movimientos desde establecimientos del departamento del Cesar.
Las ACSN son una estructura armada ilegal que opera en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta y que ha sido señalada de mantener redes de coordinación criminal dentro de los penales del país. El traslado a pabellones de alta seguridad responde a la necesidad de cortar esa capacidad de comunicación y mando desde las cárceles.
El INPEC es la entidad encargada de ejecutar las políticas carcelarias del Estado, incluyendo la clasificación y ubicación de los internos según su nivel de peligrosidad. El instituto opera bajo la vigilancia del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior, y suele coordinar este tipo de operativos con la Fuerza Pública para garantizar la seguridad durante los desplazamientos.
Los traslados a pabellones de máxima seguridad implican restricciones adicionales en el régimen de visitas, comunicaciones y actividades dentro del penal. Los internos ubicados en estos módulos suelen ser los de mayor perfil de peligrosidad, incluidos cabecillas de organizaciones criminales y personas condenadas por delitos graves.
La medida se enmarca en la estrategia del Gobierno para reducir la capacidad de las organizaciones criminales de seguir delinquiendo desde las cárceles, un fenómeno que las autoridades han identificado como un factor que alimenta la criminalidad en las regiones de origen de cada estructura. Cesar, departamento fronterizo con Venezuela y con salida al mar Caribe, ha sido escenario recurrente de disputas entre grupos armados por el control de economías ilegales.
Desde la perspectiva de los ciudadanos, el impacto esperado es una disminución en la capacidad de las ACSN de coordinar acciones en los municipios donde hacen presencia, aunque los resultados dependerán de la eficacia del régimen de aislamiento y de las investigaciones que permitan judicializar a los responsables de ordenar delitos desde prisión.
Pulzo no reportó reacciones de las ACSN ni de organizaciones de derechos humanos frente a los traslados. Tampoco se conocieron detalles sobre cuántos internos serán movilizados ni cuáles son las cárceles de destino dentro del sistema penitenciario nacional.
Queda pendiente el seguimiento del operativo por parte del INPEC, la publicación de los protocolos aplicados durante el traslado y la evaluación posterior sobre si la medida logra reducir las actividades criminales atribuidas a esta estructura desde los centros de reclusión.