El Tribunal de Paz de Colombia y el gremio de los artistas rechazaron el lunes de manera paralela el recorte de fondos a esas instituciones que impulsa el presidente conservador Abelardo de la Espriella, según reportó la agencia Associated Press desde Bogotá.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), conocida como Tribunal de Paz, es el mecanismo de justicia transicional creado tras el acuerdo de 2016 con las FARC para investigar y juzgar los peores crímenes del conflicto armado. Su funcionamiento depende de recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación y de la voluntad política de los sucesivos gobiernos.
Por su parte, el sector artístico agrupado en gremios nacionales ha sido históricamente un interlocutor activo frente a los presupuestos culturales. Los recortes en este ámbito suelen generar reacciones inmediatas porque afectan la financiación de programas, becas, estímulos y la operación de entidades como el Ministerio de las Culturas y sus dependencias.
El movimiento de rechazo se produce en un momento sensible: la JEP atraviesa varias fases de macrocasos y avanza en decisiones sobre responsabilidad de exjefes de las FARC y otros actores del conflicto. Cualquier reducción presupuestal compromete la capacidad de investigar, juzgar y avanzar en las sanciones propias y las sanciones restaurativas, según han advertido distintos sectores.
En el plano cultural, la protesta gremial llega cuando las industrias creativas y los trabajadores del arte han pedido de forma reiterada que se preserve la financiación pública. Los gremios suelen alertar que un recorte afecta la circulación de obras, la formación artística y el acceso de las comunidades a programas culturales en regiones donde el Estado tiene poca presencia.
La coincidencia de ambos rechazos en una misma jornada le da al debate un carácter transversal: une a la justicia transicional y a la cultura como dos áreas que, según los críticos, quedarían debilitadas por la misma decisión presupuestal. El contraste refleja la dificultad de ajustar el gasto sin tocar rubros sensibles para amplios sectores de la sociedad.
Desde el Gobierno se ha planteado la necesidad de hacer un ajuste fiscal en distintas entidades, argumentando prioridades de eficiencia y disciplina presupuestal. El sector cultural y la JEP responden que el recorte compromete mandatos legales adquiridos y políticas de Estado que trascienden a un solo periodo de gobierno.
El artículo publicado por el Chicago Tribune recoge la postura de los dos sectores afectados y deja abierta la pregunta sobre cómo seguirá el trámite del recorte en el Congreso, donde deberá discutirse cualquier modificación al presupuesto asignado a estas entidades.
Por ahora, tanto el Tribunal de Paz como los artistas mantienen su rechazo público y piden que se reconsideren las partidas afectadas. Queda pendiente la respuesta oficial del Gobierno y el rumbo que tome la discusión presupuestal en las próximas semanas.