El Tribunal Administrativo de Santander le puso plazos al Gobierno para que reglamente la Ley 2450 de 2025, llamada Ley contra el Ruido. La decisión fue adoptada en respuesta a una acción judicial que buscaba hacer efectiva la aplicación de esa norma, según lo reportó KienyKe.
De acuerdo con el fallo, el Gobierno Nacional cuenta con un mes para integrar la Comisión de Calidad Acústica, el organismo previsto por la ley para orientar las políticas sobre ruido. Posteriormente, dispondrá de tres meses para expedir la política nacional en la materia.
La Ley 2450 de 2025 fue concebida para enfrentar la contaminación sonora en Colombia, un problema que afecta a millones de personas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Entre sus objetivos está fijar estándares de emisión, promover mediciones periódicas y establecer sanciones para quienes incumplan los límites.
La Comisión de Calidad Acústica es una pieza clave dentro del esquema de la ley. Está llamada a reunir a representantes del Gobierno, expertos técnicos y sectores involucrados para diseñar los lineamientos que luego se convertirán en la política nacional.
En la práctica, la comisión se encarga de definir los criterios técnicos sobre ruido ambiental, ruido laboral y ruido en espacios públicos. Sus decisiones sirven de insumo para que el Ministerio de Ambiente y otras entidades regulen la materia.
La orden del Tribunal tiene efectos sobre el Ejecutivo en su conjunto. Las entidades involucradas en la reglamentación deberán coordinar plazos y entregar al tribunal pruebas del cumplimiento dentro de los términos fijados.
La decisión judicial ocurre en un contexto de creciente preocupación ciudadana por el ruido en las principales ciudades del país. Organizaciones de residentes y gremios del sector salud han pedido reglas más claras para mitigar el impacto del ruido sobre la calidad de vida.
Para los ciudadanos, la medida significa que en los próximos meses podría contarse con una política operativa. Eso permitiría, por ejemplo, exigir el cumplimiento de estándares a establecimientos comerciales, locales de diversión y fuentes móviles de ruido.
Ahora la atención se traslada al Gobierno, que debe nombrar a los integrantes de la comisión y avanzar en la formulación de la política nacional. El tribunal quedó como garante de que los plazos se cumplan.
KienyKe, que dio a conocer el fallo, informó que la orden ya fue notificada a las autoridades competentes. Hasta el cierre de esa nota no se conocían pronunciamientos oficiales del Ejecutivo sobre los pasos a seguir.