El Tribunal Superior de Bogotá negó una tutela que buscaba cuestionar la presidencia de Abelardo de la Espriella por cuenta de una supuesta doble nacionalidad, según reportó ELTIEMPO.com. Con esta decisión judicial, la queja formal presentada ante los jueces queda sin efecto y el jefe de Estado continúa en el ejercicio de sus funciones.
La acción judicial había sido impulsada por ciudadanos que consideran que la nacionalidad norteamericana del presidente resultaría incompatible con el cargo que ocupa en Colombia. Los demandantes argumentaron que esa condición iría en contravía de los requisitos que establece la Constitución para acceder a la primera magistratura del país.
Días antes de la decisión, un grupo de exmagistrados, académicos y juristas había expresado públicamente sus dudas sobre la compatibilidad entre esa nacionalidad y el ejercicio de la Presidencia de la República, según el mismo reporte. Esos pronunciamientos alimentaron el debate jurídico y político que rodeó al trámite de la tutela en los tribunales de Bogotá.
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sido históricamente los despachos encargados de definir, en última instancia, los conflictos relacionados con la nacionalidad de quienes ocupan cargos de elección popular en Colombia. El artículo 178 de la Carta establece que para ser presidente se requiere ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, exigencias que han sido objeto de interpretaciones en distintos procesos judiciales.
La negativa del Tribunal Superior implica que, por ahora, no hay un pronunciamiento condenatorio que obligue al presidente a aclarar su situación o a apartarse del cargo. En la práctica, el fallo despeja una de las discusiones jurídicas que más expectativa había generado en los últimos meses sobre Abelardo de la Espriella.
Para la ciudadanía, la decisión significa que el ordenamiento jurídico vigente avala la continuidad del gobernante sin que, hasta el momento, se haya ordenado ninguna medida cautelar ni suspensión de funciones. La resolución también deja en firme la competencia del Congreso y de los organismos electorales para admitir o rechazar la candidatura del ahora presidente al momento de su inscripción.
Sectores críticos y seguidores del Gobierno habían cruzado posturas en los últimos meses en torno al mismo asunto. Mientras unos pedían una respuesta clara de las altas cortes, otros consideraban que la doble nacionalidad no es causal automática de inhabilidad siempre que el ciudadano haya ostentado la nacionalidad colombiana desde su nacimiento.
Según ELTIEMPO.com, los promotores de la tutela anunciaron que estudian la posibilidad de recurrir la decisión ante instancias superiores, incluida la Corte Constitucional. Esa eventual revisión mantendría abierto el debate sobre los límites de la condición de nacional en el régimen constitucional colombiano.
Por ahora, el Gobierno Nacional continúa su agenda de trabajo con normalidad, en medio de un ambiente político que sigue pendiente de la forma como avancen los recursos legales contra el fallo. La atención se centra en si habrá nuevos litigios o si la discusión se trasladará al Congreso, donde ya algunos voceros habían pedido un debate formal sobre el tema.