El decreto del Gobierno nacional que reorganizaba la presencia de las EPS en zonas donde opera menos de un asegurador quedó suspendido por decisión de un tribunal. La medida afectaba de forma directa a 70 municipios de Santander, según el reporte conocido este jueves.
En el conjunto del país, la reorganización tocaba a 504 municipios, una cifra que da dimensión del alcance territorial del decreto. El efecto se concentraba en Santander, Boyacá y Cundinamarca, tres departamentos con amplia ruralidad y con municipios de baja densidad poblacional.
Dentro de Santander, el impacto mayor se daba en zonas alejadas del área metropolitana de Bucaramanga. En esas provincias, la salida del mercado de varias EPS o la reorganización administrativa podían dejar a los habitantes con un solo asegurador disponible, una situación que modifica de fondo las opciones de los usuarios del sistema de salud.
El decreto gubernamental hacía parte de la estrategia del Ministerio de Salud para ordenar la operación de las EPS en los municipios donde la cobertura venía cayendo o donde ya solo quedaba una entidad en funciones. La exposición de motivos buscaba garantizar atención continua en los territorios, aunque las críticas apuntaban al riesgo de eliminar competencia en esas plazas.
La suspensión provisional ordenada por el tribunal responde a una demanda que cuestiona los efectos del decreto sobre los derechos de los usuarios del sistema. El auto, de carácter cautelar, frena la aplicación de la norma mientras se resuelve de fondo el proceso judicial. La suspensión no implica un fallo definitivo, pero sí impide que la reorganización avance durante el trámite.
En la práctica, la decisión devuelve el tiempo y deja en pausa la transición prevista para los municipios afectados. Los usuarios en Santander, Boyacá y Cundinamarca mantendrán, por ahora, el mismo esquema de aseguramiento que tenían antes del decreto. Los hospitales públicos y las IPS locales, que ya venían ajustando contratos y proyecciones de pago, deberán esperar al fallo de fondo.
Para los habitantes de los 70 municipios santandereanos, el cambio más sensible era la pérdida de la posibilidad de elegir EPS. Esa elección funciona como mecanismo de presión sobre la calidad del servicio y sobre los tiempos de autorización de citas y medicamentos. Concentrar la cobertura en un solo operador reduce esa presión y deja a los usuarios dependiendo del desempeño de una sola entidad.
El Ministerio de Salud aún puede presentar recursos contra la suspensión o expedir un nuevo decreto ajustado a las observaciones del tribunal. Mientras tanto, el proceso sigue su curso y las partesDemandantes y demandadas entregarán pruebas y argumentos en las próximas semanas.
Queda pendiente conocer el fallo definitivo del tribunal, que determinará si el decreto se levanta de manera permanente o si se aplican modificaciones. También se espera el pronunciamiento del Ministerio de Salud sobre los pasos a seguir con los 504 municipios incluidos en la reorganización original, de los cuales 70 corresponden a Santander.