El gobierno de Estados Unidos incluyó nuevamente a Colombia en la lista de países que, en su evaluación, han incumplido de forma demostrable sus obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico. La certificación anual es un mecanismo que Washington aplica desde hace décadas para medir el compromiso de sus socios en materia de drogas.
La decisión llega en un momento particular: el país atraviesa un cambio de gobierno y el nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, asumió recientemente la Casa de Nariño. Pese a este relevo político, la Casa Blanca mantuvo la posición de no certificar a Colombia, lo que ha generado preguntas sobre los criterios que se aplican y el margen de maniobra que tiene la nueva administración.
Cada año, el Departamento de Estado envía al Congreso estadounidense un listado en el que clasifica a los países productores o de tránsito de drogas. La certificación no es una sanción en sí misma, pero tiene efectos prácticos: condiciona parte de la cooperación bilateral y obliga al Congreso a votar sobre la continuidad de la ayuda.
Para Colombia, el tema es sensible. Es el principal aliado de Washington en la región en política antinarcóticos y durante décadas ha sido receptor de asistencia técnica y financiera para la erradicación de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de la fuerza pública. Una no certificación puede traducirse en restricciones presupuestales o en una mayor supervisión sobre los programas existentes.
El gobierno entrante ha insistido en que la lucha contra el narcotráfico será una prioridad de su gestión y que busca restablecer la confianza con los socios internacionales. Sin embargo, la decisión estadounidense se tomó con base en información del periodo anterior, lo que limita el efecto inmediato de cualquier anuncio reciente.
Sectores políticos y analistas han reaccionado al anuncio. Algunos piden que el nuevo gobierno abra un canal diplomático de alto nivel para revisar el informe y entregar evidencia de los avances. Otros recuerdan que la certificación ha estado cruzada por debates sobre fumigación, sustitución de cultivos y extradiciones, temas que también están sobre la mesa.
En la práctica, el paso inmediato suele ser la presentación de acciones concretas por parte del país afectado, en un plazo corto, para intentar revertir la decisión en el mismo ciclo anual. De no lograrlo, el Congreso de Estados Unidos tiene la palabra y puede condicionar o suspender partidas de cooperación.
Por ahora, la no certificación vuelve a poner el tema antidrogas en el centro del diálogo bilateral y obliga a las dos administraciones a definir, en las próximas semanas, si habrá un periodo de transición o si se entrará de inmediato a una etapa de mayor exigencia y supervisión.