Según reportó La Opinión, el Gobierno Nacional ajustó las reglas de reparto de las acciones de tutela que se presentan contra el presidente Abelardo de la Espriella. Con la modificación, esos procesos ya no se asignan a los juzgados administrativos del circuito, sino que regresan al Consejo de Estado, máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
La tutela es el mecanismo constitucional que cualquier ciudadano puede usar para proteger sus derechos fundamentales cuando considera que fueron vulnerados por una autoridad pública o por un particular. Cuando la demanda se dirige contra el jefe de Estado, el expediente suele ser remitido a la autoridad competente para resolverlos según el rango del funcionario demandado.
Antes del cambio, los escritos contra el primer mandatario terminaban en juzgados de menor jerarquía, lo que dispersaba el trámite en distintos despachos del país. La nueva directriz unifica la competencia y devuelve al Consejo de Estado el conocimiento de los casos que involucran al presidente de la República.
El Consejo de Estado es el órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, entre sus funciones, resuelve las controversias entre los ciudadanos y la administración pública. Concentrar allí las tutelas contra el presidente apunta a que las decisiones se adopten con un criterio uniforme y con la vista puesta en precedentes de alto nivel.
Para los ciudadanos, el ajuste significa que sus tutelas serán estudiadas por un cuerpo colegiado de mayor trayectoria, aunque también puede implicar tiempos distintos de respuesta, pues la congestión en el Consejo de Estado es un factor conocido dentro del sistema judicial colombiano.
El cambio se enmarca en la discusión más amplia sobre el alcance de la acción de tutela frente a funcionarios de alto nivel. Sectores jurídicos han planteado que los presidentes, por sus funciones especiales, deben ser juzgados por las máximas instancias, mientras otros critican que esto pueda ralentizar el acceso efectivo a la justicia.
El Gobierno no ha detallado públicamente los efectos de la nueva regla ni el número de expedientes que ya se encontraban en trámite en los juzgados administrativos. Tampoco se conoce si la medida alcanza tutelas ya radicadas o si aplica solo a las que se presenten desde ahora.
Por ahora, la instrucción ya fue comunicada a los despachos de reparto, según la información publicada por La Opinión. Queda pendiente observar cómo se mueven las primeras decisiones del Consejo de Estado bajo este nuevo esquema y si se producen pronunciamientos de fondo sobre las pretensiones de los demandantes.