El documento, difundido como borrador para observaciones ciudadanas, propone trasladar el conocimiento de las tutelas dirigidas contra el jefe de Estado al Consejo de Estado. La figura de la tutela, regulada en el artículo 86 de la Constitución, permite a cualquier persona reclamar ante un juez la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando considera que han sido vulnerados por una autoridad pública.
Hoy, las acciones de tutela contra el presidente son resueltas por los jueces del circuito o del nivel que corresponda, según la asignación territorial. El borrador sugiere concentrar esa competencia en la jurisdicción contencioso administrativa, cuya cabeza es el Consejo de Estado, y modificar el decreto 1983 de 2017 que fija las reglas de reparto de tutelas en esa jurisdicción.
La iniciativa llega en un contexto en el que el uso de la tutela como mecanismo de protección ha crecido de forma sostenida en Colombia. El ciudadano acude a este recurso porque es preferente y sumario, lo que significa que debe resolverse en un plazo corto y con un trámite sencillo, sin necesidad de abogado para presentarla.
Para la ciudadanía, el cambio propuesto tiene efectos prácticos. Si la competencia pasa al Consejo de Estado, los ciudadanos deberán radicar sus tutelas contra el presidente en Bogotá, ante una sola corporación, y enfrentar los tiempos y la congestión propios de esa alta corte. Quienes viven en regiones apartadas podrían ver aumentada la barrera de acceso al recurso.
Otro aspecto sensible es la apariencia de imparcialidad. Concentrar en una sola corporación el conocimiento de todas las tutelas contra el primer mandatario abre el debate sobre si el ciudadano cuenta con las mismas garantías de independencia judicial que cuando su caso lo resuelve un juez cercano al lugar donde ocurrieron los hechos.
La propuesta también genera preguntas sobre la separación de poderes. La Corte Constitucional ha reiterado que las tutelas son un mecanismo de protección de derechos fundamentales, no de control político. Modificar la competencia para que el Consejo de Estado, un tribunal de estirpe administrativa, asuma todas las tutelas contra el presidente puede incidir en la línea entre lo contencioso administrativo y la garantía constitucional de los derechos.
Por ahora, el texto está en etapa de borrador. El Gobierno no ha anunciado fecha para expedir el decreto definitivo, por lo que el contenido podría variar tras la revisión de los comentarios que lleguen en esta etapa. La decisión final será adoptada mediante decreto presidencial.
Queda pendiente conocer la posición de la Rama Judicial, de los organismos de control y de las organizaciones de derechos humanos frente a esta propuesta. También se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la compatibilidad del cambio con la Carta Política, en caso de que el decreto sea expedido.