Según Blu Radio, el presidente Abelardo De La Espriella otorgó un plazo de 10 días a las disidencias que operan bajo el liderazgo de Iván Mordisco en el departamento del Tolima. El llamado es a entregarse a las autoridades en ese lapso. Pasado ese término, no se detallaron públicamente las acciones que vendrían.
El Tolima ha sido durante años escenario de presencia de estructuras armadas ilegales, entre ellas facciones que se apartaron del proceso de paz con las extintas Farc. Varios de esos grupos se reagruparon bajo la figura de las disidencias y mantienen control territorial sobre zonas rurales donde la fuerza pública tiene presencia limitada.
La figura de Iván Mordisco está asociada a uno de los comandantes que lideran facciones disidentes que nunca se acogieron a los acuerdos firmados en 2016. Estas estructuras sostienen economías ilegales ligadas al narcotráfico, la minería y la extorsión, lo que las convierte en blanco recurrente de operaciones militares y de ofertas de sometimiento.
Los anuncios de ultimátum presidencial se inscriben en una línea que el gobierno nacional viene trazando frente a los grupos armados organizados. El objetivo declarado es reducir la violencia en regiones donde la población civil queda atrapada entre el fuego cruzado, las amenazas y los desplazamientos forzados.
Para los habitantes del Tolima, la declaración tiene efectos prácticos inmediatos. Los organismos de seguridad podrían intensificar operaciones en zonas donde se concentra la presencia de estas disidencias, lo que a su vez puede traducirse en restricciones de movilidad o en aumento de las confrontaciones armadas en los próximos días.
Organizaciones de derechos humanos han advertido en el pasado sobre los riesgos de los plazos cortos impuestos a grupos armados. Señalan que la presión extrema puede empujar a sus miembros a replegarse hacia zonas donde la población civil es más vulnerable, o a fragmentarse en células más difíciles de rastrear.
En el plano político, la decisión se convierte en una prueba de fuego para la estrategia de seguridad del gobierno. Si en 10 días no se reportan entregas, la presión se trasladará hacia las Fuerzas Militares y de Policía, que deberán mostrar resultados en terreno o ajustar el plan diseñado por el Ejecutivo.
Blu Radio no publicó detalles sobre el canal habilitado para la entrega ni sobre eventuales beneficios judiciales para quienes se sometan. Ese vacío informativo será clave en las próximas horas, porque condiciona la respuesta de los combatientes que evalúan la oferta frente al riesgo de una ofensiva militar.
Por ahora, el mensaje presidencial marca la agenda: el gobierno no negocia con esta estructura y exige su rendición en un plazo perentorio. Lo que ocurra entre el anuncio y el vencimiento de los 10 días será determinante para evaluar si el ultimátum se traduce en desmovilizaciones o en una escalada del conflicto en el Tolima.