Wilson Uraparí estuvo seis años sin hablar con su madre. Adrián Zambrano asegura que no volverá a empuñar un fusil. Ambos hacen parte de un grupo de aproximadamente 99 exguerrilleros de Comandos de la Frontera que se reincorporaron a la vida civil y que ahora observan con atención el arranque del Gobierno de Abelardo de la Espriella, según el reporte de la agencia EFE desde Valle del Guamuéz, en Putumayo.
Comandos de la Frontera fue una estructura armada que operó en la zona de frontera con Ecuador, con presencia destacada en municipios de Putumayo. Tras los acuerdos de 2017 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, disidencias de esa guerrilla siguieron activas en la región y conformaron ese grupo, que en su momento anunció una voluntad de acogerse a un proceso de desarme unilateral.
El extracto de la fuente consultada por HolaNews indica que los excombatientes esperan que el nuevo Gobierno 'mantenga el proceso' de reincorporación. La nota periodística recoge el contraste entre quienes, como Uraparí, sacrificaron vínculos familiares durante años para sumarse a la dejación de armas, y quienes, como Zambrano, descartan cualquier regreso a la lucha armada.
El proceso de reincorporación en Colombia suele involve la entrega individual o colectiva de armas, la concentración de excombatientes en espacios territoriales, y la oferta de programas de educación, salud y proyectos productivos por parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). El futuro de esos beneficios depende de la decisión política del Ejecutivo que arranca en agosto.
La situación en Putumayo es sensible porque esa región ha sido históricamente escenario de disputas entre grupos armados, economías ilegales y comunidades campesinas e indígenas. Cualquier cambio en la política de reincorporación tiene efectos directos sobre la seguridad local y sobre los excombatientes que abandonaron las armas bajo promesas de acceso a derechos sociales.
Para los exguerrilleros de Comandos de la Frontera, el principal temor es quedar nuevamente en la clandestinidad. Las declaraciones recogidas por EFE apuntan a que la decisión del nuevo presidente sobre si reconoce, transforma o cierra los espacios de reincorporación marcará la pauta de lo que ocurra con estas cien personas y sus familias.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella llega en un contexto de debates abiertos sobre la política de paz total promovida por la administración anterior y sobre el tratamiento que se dará a las disidencias. Hasta ahora, según la fuente, no se conoce un pronunciamiento específico del nuevo Ejecutivo sobre este grupo en particular.
El artículo de HolaNews deja varias preguntas pendientes: si el nuevo Gobierno mantendrá los beneficios sociales ya asignados, si habrá un mecanismo de diálogo directo con los excombatientes y si se respetarán los compromisos adquiridos con quienes entregaron las armas. Por ahora, los testimonios recogidos dibujan un panorama de expectativa y de dependencia de decisiones que están por tomarse en Bogotá.
El proceso de Valle del Guamuéz se convierte así en un termómetro temprano de la relación entre el Gobierno entrante y los antiguos grupos armados que entregaron armas. La manera en que De la Espriella se pronuncie sobre estos cien exguerrilleros será una de las primeras señales de su enfoque frente a la reincorporación y la construcción de paz en los territorios más afectados por el conflicto.