El Ministerio de la Igualdad avanza en su proceso de liquidación, según declaraciones del liquidador designado, John Milton. El funcionario aseguró que en la revisión inicial de la cartera se encontraron lo que calificó como obligaciones presupuestarias sin justificación y una “carencia de estados financieros de cierre”, dos hallazgos que han marcado el ritmo del proceso.
Milton utilizó expresiones como “destapamos la olla podrida” y “se les acabó la guachafita” para describir lo que, a su juicio, encontró al asumir la tarea de cerrar la entidad. Con esas frases se refirió a compromisos de gasto que no tendrían un sustento claro, a la continuidad de altos cargos durante el proceso de transición y a la ausencia de reportes financieros listos para el cierre.
El Ministerio de la Igualdad fue creado durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro como una de las apuestas sociales de su administración. Su liquidación se inscribe en la política de austeridad y reorganización del gasto que ha impulsado el actual Gobierno nacional, que ha argumentado la necesidad de reducir el tamaño del Estado y reorientar recursos.
Desde que se ordenó su supresión, el proceso de liquidación ha generado debate en distintos sectores. Organizaciones sociales y defensoras de derechos han expresado preocupación por el futuro de los programas dirigidos a poblaciones vulnerables que dependían de esa cartera. El Gobierno ha señalado que esos programas serán reubicados en otras entidades.
La situación descrita por el liquidador agrega un capítulo de tensión política. Las acusaciones sobre uso irregular de recursos y nombramientos sin respaldo presupuestal han sido rechazadas por exdirectivos de la entidad, quienes sostienen que el ministerio operó dentro del marco legal y que el cierre responde a una decisión política del nuevo gobierno.
La cartera de Hacienda y la Contraloría General de la República han sido citadas como las instancias que deberán revisar el manejo presupuestal de la entidad. Hasta el momento, no se conocen sanciones formales ni fallos disciplinarios derivados de las denuncias del liquidador. Los hallazgos descritos corresponden a la etapa de diagnóstico del proceso de liquidación.
Para los ciudadanos, el cierre de un ministerio no es un trámite menor. Implica la redefinición de programas, la reasignación de servidores públicos y la transición de funciones a otras entidades del Estado. En este caso, los sectores de mujer, equidad de género, juventud y diversidad están a la espera de conocer cómo quedarán protegidos los servicios que antes concentraba la cartera.
El proceso de liquidación deberá entregar un informe final con el balance de activos, pasivos y contingencias de la entidad. Ese documento será clave para establecer si las denuncias del liquidador derivan en investigaciones administrativas o fiscales. Por ahora, la transición administrativa continúa y los hallazgos preliminares marcan la ruta del cierre.
La periodista que firma el reportaje en CAMBIOColombia detalla que las declaraciones de Milton se produjeron en el marco de una visita de seguimiento al proceso de liquidación. El liquidador agregó que la próxima etapa consistirá en cruzar la información presupuestal con los registros de la entidad y presentar los resultados ante los organismos de control.