El presidente Abelardo de la Espriella congelará el gasto público a partir del 7 de agosto, según confirmó Miguel Gómez Martínez, designado como ministro de Hacienda. La declaración la hizo en diálogo con Infobae Colombia, donde anticipó los primeros lineamientos económicos del nuevo gobierno.
Gómez Martínez sostuvo que el país “no compite porque, entre otros factores, tiene un sistema impositivo que drena a las empresas de capacidad de innovar y expandirse”. Con esa frase describió lo que llamó una “complejidad diabólica” en el funcionamiento tributario nacional, en línea con la revisión integral que prometió la nueva administración.
El congelamiento del gasto es una herramienta administrativa usual en periodos de empalme y arranque de gobierno. Sirve para revisar compromisos presupuestales, contratos en ejecución y plantas de personal, con el fin de ordenar las finanzas antes de presentar la siguiente ley de presupuesto.
El Ministerio de Hacienda es la cartera encargada de formular la política económica, administrar los ingresos y gastos del Estado y preparar el Proyecto de Ley de Presupuesto cada año, que luego discute y aprueba el Congreso de la República. Su titular es, en la práctica, el responsable de traducir en cifras las prioridades del gobierno.
En el ciclo de empalme, el equipo entrante revisa las cifras de cierre fiscal, las reservas presupuestales, la deuda y los giros pendientes. Con base en ese diagnóstico, decide si mantiene, ajusta o aplaza partidas. Cuando se anuncia una congelación del gasto, en general se suspenden nuevos compromisos hasta que se conozca el plan financiero completo.
La declaración del ministro designado sobre el sistema impositivo toca un debate de fondo. Colombia ha discutido durante años reformas tributarias, régimen simple, deducciones y cargas a las empresas. Gómez Martínez señaló esa carga como un freno a la innovación y la expansión, y vinculó el tema con la falta de competitividad del país.
Como medida imediata, la congelación del gasto desde el 7 de agosto limita nuevas contrataciones y traslados presupuestales mientras se cierra el diagnóstico financiero. En la práctica, ministerios, agencias y entidades descentralizadas deberán esperar la autorización de Hacienda para nuevos compromisos.
El gobierno entrante no ha detallado todavía el listado de excepciones ni los plazos del levantamiento de la medida. Tampoco presentó las cifras de déficit o deuda que sustentan la decisión, datos que suelen conocerse en las semanas posteriores al inicio del empalme formal.
En las próximas semanas se espera la publicación del decreto o la directiva que reglamente el alcance de la congelación, así como las primeras señales sobre la composición del equipo económico y la hoja de ruta para el presupuesto del año siguiente.