Catorce demandas acumuladas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca buscan que la justicia obligue al Gobierno a reglamentar la reforma laboral. Los expedientes, según reportó La FM, sostienen que la ausencia de los decretos pendientes impide que la norma se aplique como fue aprobada por el Legislativo.
El núcleo del reclamo es operativo: una ley, por sí sola, no entra en vigor de manera automática en todos sus puntos. Muchas de sus disposiciones requieren reglamentos técnicos que definan procedimientos, plazos, responsables y sanciones. Sin esos desarrollos, empleadores, trabajadores y operadores jurídicos quedan sin reglas claras para actuar.
La reforma laboral fue una de las apuestas centrales del Gobierno nacional en materia social y económica. Sus promotores argumentaron que actualizaría derechos, reduciría la informalidad y modernizaría las relaciones de trabajo. Sus críticos, en cambio, advirtieron desde el trámite en el Congreso que algunos artículos necesitaban decretos cuidadosos para no chocar con la realidad de sectores como el agro, el comercio o las plataformas digitales.
Las demandas no piden tumbar la reforma. Lo que solicitan es que el Tribunal ordene al Ejecutivo avanzar en la expedición de los reglamentos que la propia norma contemplaba. Se trata, en la práctica, de un pulso entre dos ramas del poder público: la judicial, que evalúa la omisión, y la ejecutiva, que define cómo y cuándo reglamenta.
El impacto para la ciudadanía es directo. Si los vacíos persisten, empresas y trabajadores desconocen con precisión cómo deben proceder en temas como jornadas, contratación, modalidades especiales o prestaciones. Esa incertidumbre suele traducirse en litigios, costos adicionales y decisiones que se frenan a la espera de claridad normativa.
Para los demandantes, la inacción reglamentaria no es un simple retraso administrativo: sostienen que afecta derechos adquiridos en la ley. Para el Gobierno, expedir reglamentos es una facultad discrecional que debe ejercerse con análisis técnico, no por orden judicial. El Tribunal tendrá ahora la palabra sobre si esa discrecionalidad tiene límites frente a derechos fundamentales.
El caso llega en un momento sensible para el mercado laboral colombiano. La informalidad supera el 55 % de la población ocupada, y las discusiones sobre protección social, jornada y modalidades de contratación están en el centro del debate público. Una decisión que ordene reglamentar podría acelerar la entrada en vigencia plena de la reforma; un fallo en contrario mantendría el statu quo.
Qué sigue: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá estudiar la admisibilidad de los expedientes y, si los acumula, decidir si concede o no las pretensiones. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo conserva la potestad de expedir los decretos pendientes. La expectativa de empleadores y sindicatos se concentra en los próximos movimientos del calendario judicial.