La columna, firmada por T. Coronel Gustavo Roa C. y publicada el 2 de agosto de 2026 en el medio La Linterna Azul, sostiene que con la llegada al poder del presidente Abelardo De La Espriella el país enfrenta un desafío pendiente: consolidar sistemas que permitan a las entidades públicas y privadas mantener sus operaciones frente a eventos disruptivos.
El autor se presenta como consultor en Sistemas de Gestión de Continuidad de los Negocios (DESAE). Desde esa especialidad, plantea que la continuidad operativa no es un tema técnico aislado, sino una condición para que el Estado y las empresas respondan cuando ocurre una emergencia, un ciberataque, un desastre natural o cualquier interrupción grave.
En el ámbito institucional colombiano, los sistemas de continuidad de negocios se enmarcan en normas como las ISO 22301 y en directrices del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la Superintendencia Financiera. Dichos marcos buscan que las organizaciones identifiquen sus procesos esenciales y definan planes para restablecerlos en el menor tiempo posible.
La llegada de un nuevo gobierno abre la posibilidad de retomar o acelerar agendas que suelen quedar en pausa durante las transiciones. El columnista argumenta que la continuidad operativa debe figurar entre las prioridades tempranas del Ejecutivo, porque sin ella los servicios públicos, la respuesta ante crisis y la estabilidad económica quedan más expuestos.
Para los ciudadanos, el tema tiene implicaciones concretas. Si un hospital, una entidad financiera, una empresa de telecomunicaciones o una alcaldía no logra reanudar sus servicios tras una interrupción, los efectos se trasladan a la atención en salud, al acceso al crédito, a la conectividad y a la provisión de bienes básicos. Por eso, la continuidad operativa se traduce en calidad de los servicios que recibe la población.
El texto también recuerda que Colombia ha enfrentado episodios que pusieron a prueba la capacidad de respuesta institucional, desde emergencias por el fenómeno de La Niña hasta incidentes de ciberseguridad contra entidades públicas y privadas. Esos antecedentes, según el columnista, hacen evidente la urgencia de un enfoque sistemático y no reactivo.
La publicación se inscribe en un debate más amplio sobre la modernización del Estado y la gestión del riesgo. En pasadas administraciones se impulsaron políticas de gestión del riesgo de desastres y de seguridad digital, pero el enfoque específico de continuidad de los negocios, con estándares certificables, suele estar más presente en empresas privadas que en el sector público.
De cara al nuevo gobierno, la columna deja planteada una pregunta operativa: si la continuidad de los negocios se incorporará como un eje transversal del plan nacional de desarrollo o quedará como una tarea sectorial dispersa. La respuesta, según el autor, marcará la diferencia entre reaccionar tarde o tener planes probados cuando ocurra la siguiente crisis.
Por ahora, no se registran pronunciamientos oficiales del gobierno de De La Espriella sobre este punto específico. El debate queda abierto y depende de cómo la administración decida articular a ministerios, superintendencias y entidades territoriales en torno a un mismo estándar de respuesta.