El Gobierno nacional dejó sin efectos la resolución que prohibía la aspersión aérea con glifosato contra los cultivos de coca, según informó El Tiempo. La medida reabre el camino para que esa modalidad de fumigación pueda retomarse en el marco de la lucha contra los cultivos de uso ilícito.
De acuerdo con la fuente, la nueva resolución no elimina los requisitos que la Corte Constitucional fijó para la reanudación de las fumigaciones. Esos requisitos fueron establecidos en la Sentencia T-236 de 2021, que ordenó suspender las aspersiones hasta cumplir una serie de condiciones relacionadas con la protección de comunidades, el medio ambiente y la salud pública.
Entre los condicionamientos fijados por la Corte se encuentran la actualización del estudio de impacto ambiental, la concertación con comunidades étnicas en las zonas de afectación, la verificación de los sistemas de información sobre los cultivos y el cumplimiento de estándares sobre el uso seguro del químico. El Gobierno debe acreditar el cumplimiento de cada uno de estos pasos antes de ordenar nuevas aspersiones.
La erradicación de cultivos ilícitos es una de las líneas centrales de la política de seguridad del actual Gobierno, que ha defendido tanto la fumigación aérea como la erradicación manual. El levantamiento de la prohibición se produce en un contexto de disputa con sectores que cuestionan los efectos del glifosato sobre la salud y los ecosistemas.
Organizaciones de derechos humanos y ambientales han expresado en otras ocasiones su preocupación por la reanudación de las aspersiones aéreas. Argumentan que el químico puede afectar fuentes de agua, cultivos lícitos y la salud de los habitantes de las regiones donde se concentran los cultivos de coca, que en su mayoría son zonas rurales apartadas del centro y occidente del país.
La derogación de la prohibición también ocurre mientras el Gobierno avanza en diálogos con estructuras armadas vinculadas al narcotráfico. Sectores cercanos a las mesas de conversación han planteado que la fumigación aérea es un punto sensible en las negociaciones, por lo que la decisión podría tener repercusiones en esos procesos.
Según El Tiempo, la resolución se inscribe en la estrategia del Gobierno para recuperar el control de los territorios con alta presencia de cultivos de coca. Las autoridades sostienen que la aspersión aérea es una herramienta complementaria a la erradicación manual y a los programas de sustitución voluntaria de cultivos.
Queda pendiente ahora el cumplimiento de los requisitos judiciales y técnicos fijados por la Corte Constitucional. Mientras esos pasos no se completen, las fumigaciones no podrán reanudarse, por lo que el efecto inmediato de la resolución es de carácter habilitante y no operativo, según se desprende de la información publicada por El Tiempo.