La solicitud fue hecha pública por José Manuel Restrepo, quien además de ser el vicepresidente electo de la República fue designado como director del Empalme Anticorrupción del gobierno que se estrenará el próximo 7 de agosto. En su comunicación, pidió a la Unidad Nacional de Protección suspender todos los nombramientos que se desprendan del Decreto 0670 de 2026 hasta tanto no se posesione el presidente Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con el reporte de Infobae, la preocupación de Restrepo apunta a que la actual administración estaría buscando modificar por decreto nombramientos de oficiales de la UNP en las últimas semanas de gestión, cuando ya fue elegido un nuevo gobierno por voto popular. Esa coincidencia temporal es, según el vicepresidente electo, el motivo de la alerta.
La Unidad Nacional de Protección es la entidad encargada de asignar y coordinar los esquemas de seguridad para personas que, por su rol o por su situación de riesgo, requieren protección del Estado. Eso incluye a líderes sociales, periodistas, funcionarios y exfuncionarios. Cualquier cambio en su planta directiva puede afectar la continuidad y la calidad de esos esquemas, que dependen en buena parte de la idoneidad de los oficiales designados.
El Decreto 0670 de 2026, citado en la solicitud, es la norma que el Gobierno habría expedido para habilitar esas modificaciones en la planta de oficiales de la UNP. Restrepo no pidió su derogatoria, sino su congelamiento: que los efectos del decreto queden en suspenso hasta la llegada del nuevo gobierno, de modo que las decisiones queden en manos del equipo que asumirá funciones.
La figura del Empalme Anticorrupción, que Restrepo dirige, hace parte de la transición ordenada entre un gobierno saliente y uno entrante. Su objetivo es revisar los nombramientos, contratos y decisiones de la administración que termina para evitar que se consoliden actuaciones contrarias a la transparencia en los últimos días de gestión. La solicitud a la UNP se inscribe en ese propósito.
Hasta ahora, la Unidad Nacional de Protección no se ha pronunciado públicamente sobre la petición del vicepresidente electo. Tampoco el Gobierno de Gustavo Petro ha respondido de forma oficial a la alerta sobre el Decreto 0670 de 2026. El desenlace depende de cómo la entidad reciba el pedido y de los tiempos administrativos que permita la transición.
Para la ciudadanía, la discusión tiene un efecto práctico. Los esquemas de protección que administra la UNP cubren a personas cuya integridad está en riesgo, por lo que cualquier cambio de personal en la oficialidad puede traducirse en demoras, reasignaciones o ajustes en los dispositivos de seguridad. Esa es la razón por la que una decisión administrativa de fin de mandato termina tocando la vida cotidiana de personas protegidas en distintos puntos del país.
En el plano institucional, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la tensión de los periodos de transición en Colombia, cuando coinciden en el tiempo un gobierno que termina y otro que ya fue elegido. La práctica, regulada por la ley y por acuerdos entre las partes, busca que las decisiones de gran impacto se dejen al equipo entrante, algo que el pedido de Restrepo busca asegurar en el caso de la UNP.
Queda por verse si la UNP acata la solicitud y suspende los nombramientos derivados del Decreto 0670 de 2026 o si, por el contrario, la administración saliente avanza en su aplicación. La respuesta marcará el tono de las primeras semanas de empalme entre el gobierno de Petro y el de Abelardo de la Espriella, y servirá como señal sobre el trato que recibirán las decisiones tomadas en el tramo final del actual mandato.