El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó este jueves un ultimátum directo a los grupos armados que hacen presencia en el centro del país. De acuerdo con el medio Análisis Urbano, el plazo dado es de "menos de una semana" para que sus integrantes se sometan a las autoridades.
La declaración fue hecha en un pronunciamiento público recogido por Análisis Urbano y difundido en video. El presidente electo dirigió el mensaje a las estructuras armadas ilegales que tienen influencia en regiones del centro colombiano, una zona históricamente afectada por conflictos entre disidencias, grupos paramilitares y bandas criminales.
El centro del país concentra una parte significativa de la violencia asociada a grupos armados organizados. En esa región han operado organizaciones como las disidencias de las FARC, estructuras paramilitares y grupos sucesores del paramilitarismo, que se disputan rutas de narcotráfico y control territorial en departamentos como Tolima, Huila, Meta y Cundinamarca.
El sometimiento a la justicia es una figura contemplada en el ordenamiento colombiano, que permite a integrantes de grupos armados entregar sus armas, confesar sus crímenes y acogerse a beneficios penales. El procedimiento se ha utilizado en distintas coyunturas del conflicto interno como vía para reducir la capacidad operativa de las estructuras ilegales.
Con este ultimátum, De la Espriella marca un primer lineamiento en materia de seguridad de cara al inicio de su mandato. La posición del presidente electo ante los grupos armados será determinante para la estrategia que adopte el Estado en zonas donde la presencia del Estado ha sido históricamente débil.
La ciudadanía en los municipios del centro del país es la más afectada por la presencia de estos grupos, que imponen restricciones a la movilidad, controlan economías locales y son responsables de desplazamientos, extorsiones y reclutamiento forzado. Un eventual sometimiento masivo podría modificar las dinámicas de violencia que pesan sobre comunidades campesinas y poblaciones rurales.
Las reacciones al anuncio no se conocían al cierre de la información publicada por Análisis Urbano. Sectores políticos, organizaciones de derechos humanos y voceros de las comunidades en zonas de conflicto suelen pronunciarse cuando se fijan plazos de este tipo, por las implicaciones que tienen sobre la población civil y sobre los procesos de paz en curso.
Queda por verse qué mecanismo concreto utilizará el próximo gobierno para ejecutar el ultimátum. La definición del procedimiento, las zonas priorizadas y el papel de la Fuerza Pública serán claves para evaluar el alcance real del anuncio en las semanas siguientes a la posesión presidencial.