El presidente Abelardo de La Espriella dio a conocer la línea con la que su gobierno atenderá el fenómeno de los grupos criminales que operan en el país. Según el reporte de Periodismo Público, la propuesta plantea una diferencia explícita frente a la política de Paz Total que impulsó el gobierno de Gustavo Petro durante su mandato.
La Paz Total fue la estrategia central del gobierno anterior para abordar a organizaciones armadas como el ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos criminales. El modelo combinaba diálogos de negociación con sometimiento colectivo y buscaba reducir la violencia mediante acuerdos políticos con esos actores. La administración Petro invirtió buena parte de su gestión en intentar conversaciones simultáneas con varias estructuras ilegales.
Con el anuncio del nuevo gobierno, se inicia un proceso de desmonte gradual de los espacios de diálogo que se habían abierto con distintos grupos. El cambio no se limita a una declaración retórica: implica revisar los acuerdos en curso, evaluar los protocolos vigentes y redefinir las condiciones bajo las cuales el Estado se relaciona con las organizaciones armadas.
La diferencia clave, según la fuente, está en el tipo de tratamiento que recibirán estas organizaciones. El gobierno de De La Espriella plantea que la relación con los grupos criminales no se dará en los mismos términos de la estrategia anterior. Esto significa que el foco se desplaza hacia la acción institucional y la presión sobre las estructuras que persistan en actividades ilícitas.
El anuncio tiene implicaciones directas para la Fuerza Pública, que tendrá que ajustarse a las nuevas directrices operativas. También afecta a las comunidades que viven en zonas donde estos grupos tienen presencia, donde el cambio de enfoque puede traducirse en nuevas dinámicas de seguridad y en una redefinición de los espacios institucionales.
Para la población civil, el giro implica un cambio en las expectativas sobre cómo se resolverá la confrontación armada. Las regiones históricamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, incluyendo zonas del Catatumbo, el Cauca y el Pacífico, suelen ser las más sensibles a los cambios en la política de seguridad nacional.
El contraste entre ambos modelos ya genera debate. Quienes defendieron la Paz Total consideran que el diálogo es la vía más eficaz para reducir la violencia y proteger a las comunidades. Quienes la criticaron argumentan que la negociación con grupos activos terminó beneficiando a estructuras criminales y debilitando la autoridad del Estado.
Quedan varios frentes por definir: qué pasará con los diálogos en curso, qué tratamiento recibirán los firmantes que entregaron armas en procesos anteriores y cómo se coordinará con la Fiscalía y la rama judicial en los procesos contra cabecillas y estructuras. También está pendiente el papel que jugarán los acuerdos parciales que se habían alcanzado con algunas organizaciones.
El gobierno tendrá ahora que traducir el anuncio en decisiones concretas. La política de seguridad se medirá por sus efectos en las regiones donde operan los grupos criminales, por la capacidad institucional para sostener la nueva línea y por el respaldo que reciba de los distintos sectores políticos y sociales del país.