El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el fin de la política de Paz Total y anunció el cierre de los procesos de diálogo y de los espacios sociojurídicos que operaban bajo esa estrategia, según reportó Análisis Urbano. La declaración se produjo en un pronunciamiento oficial del jefe de Estado, con el que se cierra una de las apuestas centrales de la política de seguridad de los últimos años.
La Paz Total fue la hoja de ruta mediante la cual el Estado colombiano buscaba acercar diálogos con grupos armados y estructuras criminales, bajo la figura de los espacios sociojurídicos. Esos mecanismos permitían, entre otras cosas, suspender órdenes de captura o suspender temporalmente acciones judiciales contra voceros de organizaciones que se acogieran a la negociación, a cambio de compromisos verificables de paz.
Con el cierre anunciado por De la Espriella, esos procesos quedan suspendidos. En la práctica, esto significa que las mesas abiertas y los beneficios judiciales temporales asociados a la participación en los diálogos dejan de operar como estaban planteados. Las partes que estaban sentadas en la mesa pierden el escenario formal de conversación que les brindaba el Estado.
La decisión tiene efectos sobre la arquitectura institucional de seguridad. La política de Paz Total involucró a ministerios como el del Interior y Justicia, a la Fiscalía General de la Nación y a la Fuerza Pública, que coordinaban los protocolos de protección, los ceses al fuego y las mesas regionales. El cierre de la estrategia implica redefinir el papel de cada una de esas entidades en el relacionamiento con los grupos armados.
Para la ciudadanía, el cambio significa un ajuste en las reglas de juego frente a la violencia y la conflictividad. Las comunidades que esperaban procesos de desmovilización, sustitución de economías ilícitas o reparación pueden ver modificado el calendario y los compromisos adquiridos por el Estado con sus territorios. También cambian las condiciones para los defensores de derechos humanos y los líderes sociales que participaban como veedores o facilitadores.
Desde el punto de vista jurídico, el cierre de los espacios sociojurídicos reabre la plena acción de la justicia ordinaria contra quienes estaban en proceso de diálogo. Esto puede traducirse en reactivaciones de capturas, levantamientos de suspensiones de órdenes de captura y el retorno de los expedientes a los despachos que conocen las investigaciones penales.
Analistas y sectores políticos han reaccionado con posiciones divididas ante los anuncios de cierre. Sectores que respaldaban la vía del diálogo advierten sobre el riesgo de que los grupos armados retomen acciones ofensivas ante la ausencia de mesa. Sectores que criticaban la estrategia señalan que el cierre responde a una evaluación de resultados insuficiente en materia de reducción de la violencia.
La decisión también ocurre en un contexto regional marcado por la actividad de disidencias, grupos sucesores del paramilitarismo y organizaciones dedicadas al narcotráfico. El Gobierno deberá precisar cómo se atenderán los procesos territoriales que dependían de los espacios sociojurídicos y qué mecanismos los sustituirán.
Queda pendiente el detalle operativo del cierre: qué pasa con los voceros negociadores, con los acuerdos parciales ya firmados y con los compromisos humanitarios vigentes. También está por definirse el reemplazo institucional que asuma los temas de diálogo donde la Paz Total era la sombrilla común, y los tiempos en los que se oficializarán los ajustes normativos correspondientes.