Valeria Pérez, una joven del Valle del Cauca que libra una batalla contra el cáncer, recibió respuesta del Gobierno Nacional luego de solicitarle ayuda al presidente Abelardo de La Espriella. Según el reporte de El Tiempo, la intervención del Gobierno y de su Entidad Promotora de Salud permitió agilizar el traslado urgente de la paciente a la clínica Imbanaco, ubicada en Cali, donde continúa su atención médica.
El episodio se conoce pocos días después de un caso con rasgos similares: el del niño Lucas Murillo, cuya situación también llegó a conocimiento del presidente y motivó gestiones oficiales para asegurar su tratamiento. La coincidencia reaviva el debate sobre los tiempos que deben esperar los pacientes en Colombia para acceder a servicios oncológicos de alta complejidad.
Colombia cuenta con un sistema de salud mixto en el que las EPS administran los recursos y autorizan los servicios, mientras el Ministerio de Salud y las entidades territoriales ejercen funciones de inspección, vigilancia y, en casos críticos, de articulación. Las clínicas de alta complejidad, como Imbanaco en Cali, concentran buena parte de la oferta especializada para tratamientos de cáncer en el suroccidente del país.
Para los pacientes oncológicos, cada día cuenta. Las guías médicas indican que los tiempos entre el diagnóstico, la autorización del tratamiento y el inicio efectivo de la terapia influyen de manera directa en el pronóstico. Cuando una autorización se demora, el riesgo de avance de la enfermedad se incrementa y las familias suelen quedar atrapadas en un laberinto de tutelas, recursos y llamadas.
En los últimos años, la Corte Constitucional y distintos organismos de control han recordado que el cáncer es una condición cubierta por el POS y por los planes de beneficios, y que las EPS no pueden aplazar ni negar terapias sin justificación técnica. Casos como el de Valeria y el de Lucas ponen a prueba la capacidad del Estado para reaccionar con rapidez frente a urgencias médicas documentadas.
El papel del presidente en estas gestiones abre interrogantes sobre el canal adecuado para acceder al sistema. En condiciones normales, los pacientes deben solicitar autorizaciones a su EPS o, en caso de negativa, presentar acciones de tutela. La intervención directa del jefe de Estado representa un atajo excepcional, no un procedimiento regular, lo que limita su alcance a los casos que logran visibilidad pública.
La familia de Valeria difundió videos en los que relataba su situación y hacía un llamado al Gobierno, replicando la estrategia que había funcionado en el caso de Lucas Murillo. Esa difusión en redes sociales fue determinante para que la solicitud llegara al Despacho Presidencial y para que, según la fuente, las entidades involucradas aceleraran el traslado a Imbanaco.
Más allá del alivio inmediato para Valeria, el caso deja varias tareas pendientes: esclarecer por qué la EPS no actuó con la celeridad esperada antes de la intervención presidencial, evaluar si hubo vulneración del derecho a la salud y documentar el tiempo total que tomó la gestión. También queda abierta la pregunta de cuántos pacientes en condiciones similares quedan a la espera, sin la posibilidad de pedir ayuda directamente al presidente.