El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa un paquete de reformas al sistema de justicia colombiano, según informó El Colombiano. La propuesta agrupa tres ejes principales: un esquema de vigilancia sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, una depuración del Código Penal y la creación de una figura jurisdiccional dedicada a investigar y sancionar a los jueces.
La Jurisdicción Especial para la Paz nació como uno de los pilares del acuerdo de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Su función fue juzgar los peores crímenes del conflicto armado bajo condiciones especiales de acceso a la verdad, reparación y no repetición. Desde su puesta en marcha, la JEP ha sido objeto de críticas por la duración de algunos procesos y por la forma como ha manejado los casos de.comparecientes que no cumplieron plenamente sus compromisos.
El anuncio de una vigilancia reforzada sobre la JEP reabre un debate que en los últimos años ha dividido al país. Sectores que respaldan los acuerdos de paz defienden la autonomía de la jurisdicción transicional. Otros sectores argumentan que la JEP requiere más controles para evitar la impunidad en casos de secuestro, reclutamiento de menores y violencia sexual. El paquete del gobierno se inscribe en esa segunda línea.
El segundo frente es la depuración del Código Penal. Colombia tiene un Código Penal expedido en 2000, con múltiples reformas posteriores que han acumulado figuras, derogaciones tácitas y vacíos normativos. Expertos en derecho penal han señalado en distintas ocasiones la necesidad de una revisión integral que simplifique tipos penales, actualice penas y armonice el texto con la Constitución y con los estándares internacionales de derechos humanos.
El tercer componente del paquete es la creación de una jurisdicción especial para fiscalizar a los jueces. La propuesta apunta a investigar y sancionar las conductas disciplinarias o penales de los magistrados y jueces que administran justicia. Hoy en día, esa función se reparte entre la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, lo que en la práctica ha generado dispersión y demoras en los procesos contra miembros de la rama judicial.
La reforma llega en un momento sensible para la justicia colombiana. La Corte Constitucional ha expedido sentencias recientes sobre el alcance de la JEP y sobre el fuero de los jueces. La Fiscalía enfrenta investigaciones internas y externas por su manejo de casos de alto perfil. Y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene más de mil quejas pendientes contra funcionarios judiciales, según reportes del propio sector.
Para la ciudadanía, los cambios pueden tener efectos concretos. Una eventual vigilancia más estricta sobre la JEP podría acelerar o cerrar procesos de antiguos comandantes guerrilleros, paramilitares y miembros de la fuerza pública vinculados al conflicto. Una reforma al Código Penal puede modificar las penas de delitos comunes como hurto, estafa y violencia intrafamiliar. Y una nueva jurisdicción sobre los jueces puede traducirse en investigaciones más ágiles contra corrupción o prevaricato.
Las reacciones dentro del sector judicial no se han hecho esperar, según el resumen de El Colombiano. Abogados penalistas, organizaciones de víctimas y centros de pensamiento han pedido que el texto sea debatido con tiempo suficiente en el Congreso y con audiencias públicas en las regiones. Algunos magistrados han expresado preocupación por el impacto que las reformas puedan tener sobre la independencia de la rama judicial, garantía prevista en la Constitución de 1991.
El paquete también tendrá que enfrentar el filtro del Congreso. Las reformas a la justicia requieren mayorías calificadas en varias de sus etapas, por lo que el gobierno necesitará negociar con distintos partidos políticos. Los sectores afines al gobierno suelen respaldar medidas de endurecimiento penal. Los partidos de oposición han abogado tradicionalmente por preservar la autonomía de la JEP y por fortalecer los mecanismos de protección a víctimas.
Quedan varios pendientes por resolver. El gobierno todavía no ha publicado el articulado completo de las reformas, lo que impide un análisis técnico detallado. Tampoco se conocen los plazos que el Ejecutivo se fija para su trámite en el Legislativo. Hasta tanto se conozca el texto, el debate se mueve entre la expectativa de una justicia más eficiente y el temor de que se afecten derechos adquiridos por las víctimas y garantías del debido proceso.