La Confederación de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia (CONFEVIP) entregó al Gobierno nacional un paquete de cinco propuestas orientadas a reforzar la seguridad en distintos frentes. Según Blu Radio, la iniciativa abarca la participación del sector privado en el sistema carcelario, en eventos masivos, en la protección de infraestructura estratégica y en tareas de ciberseguridad.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la construcción de diez nuevos centros carcelarios con participación de capital privado. La idea, según la agremiación, es aliviar el hacinamiento que hoy enfrenta el sistema penitenciario colombiano y abrir espacio en las prisiones existentes, un problema estructural que viene documentándose desde hace varios años en Colombia.
El paquete incluye además el uso de inteligencia artificial para apoyar la labor de vigilancia. CONFEVIP plantea que la IA se emplee como herramienta complementaria en el monitoreo y análisis de información, con el fin de mejorar la respuesta ante distintas amenazas. La propuesta no detalla, en lo reportado por Blu Radio, qué tipo de sistemas se implementarían ni los plazos de ejecución.
Otro de los ejes es la mayor presencia de personal privado en eventos masivos, una tarea que hoy recae principalmente en la Policía Nacional. El sector plantea que los vigilantes puedan asumir funciones de control de accesos, verificación de identidad y apoyo logístico, siempre en coordinación con las autoridades.
La propuesta también menciona la protección de infraestructura considerada estratégica, como torres de energía, plantas de tratamiento y vías clave. CONFEVIP sugiere esquemas de vigilancia mixta, con personal uniformado y apoyo tecnológico, para reducir los ataques contra estas instalaciones, que en años recientes han sido blanco de acciones violentas en varias regiones del país.
El componente de ciberseguridad completa el paquete. La confederación plantea que las empresas de vigilancia privada amplíen su oferta de servicios digitales para atender la creciente demanda de protección de datos y sistemas. El sector argumenta que cuenta con personal capacitado para cubrir tanto la seguridad física como la virtual.
Las cinco propuestas fueron presentadas en el marco de los diálogos que el Gobierno viene adelantando con distintos sectores para formular una nueva política de seguridad. Hasta ahora, según el reporte de Blu Radio, las autoridades no han emitido una respuesta pública sobre la viabilidad de las iniciativas ni sobre los mecanismos de articulación entre el sector público y el privado.
Para los ciudadanos, el posible impacto se sentiría en tres frentes: en las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad, en la percepción de seguridad durante eventos públicos y en la protección de servicios esenciales como la energía y el agua. La aplicación de estas propuestas depende ahora de la decisión del Gobierno y del trámite que se adelante en el Congreso si se requieren cambios legales.