Según la investigación publicada por la Revista Raya, Sandra Carolina Gómez Sánchez estuvo matriculada en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana durante ocho años, pero no culminó el proceso de graduación. Pese a ello, en su hoja de vida pública se presenta como abogada y asegura haber asesorado al Ministerio del Interior para un cargo cuya naturaleza no se precisa en el extracto consultado.
La revelación llega en un momento sensible para el gobierno de Abelardo de la Espriella, que recientemente posesionó a Gómez Sánchez como vocera oficial. En Colombia, la figura de la vocería del gobierno suele recaer en una persona con formación en comunicación, ciencia política, derecho o disciplinas afines, y se espera que su trayectoria profesional coincida con la información registrada en los portales de transparencia y en la hoja de vida publicada ante la opinión pública.
La hoja de vida en el portal de la función pública y otros registros oficiales funcionan como una carta de presentación ante la ciudadanía. Cuando los datos allí consignados no coinciden con la formación académica acreditada, se abre un debate sobre la veracidad de la información que los servidores públicos entregan al Estado y a los ciudadanos, un deber regulado por normas de transparencia y por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
La Universidad Javeriana, una de las instituciones de educación superior más antiguas del país, ofrece el programa de Derecho con una duración cercana a los diez semestres. Permanecer matriculada ocho años sin obtener el título puede responder a distintas situaciones, como interrupciones académicas, cambios de pensum o dificultades administrativas, aunque el extracto consultado no precisa las razones específicas del caso.
El Ministerio del Interior, cuyas asesorías menciona Gómez Sánchez, es la cartera encargada de asuntos relacionados con la convivencia, la política territorial y la relación del Ejecutivo con las regiones y los poderes locales. Los asesores de este ministerio suelen apoyar la formulación de políticas públicas y el análisis de proyectos de ley o de decretos, por lo que se espera que quienes ocupan esos cargos cuenten con la idoneidad profesional que respalde sus conceptos.
Hasta el momento, el extracto publicado por la Revista Raya no incluye una respuesta oficial de la vocera ni del gobierno de De la Espriella sobre la discrepancia entre su formación académica y la forma como se presenta públicamente. Tampoco se reporta un pronunciamiento de la Universidad Javeriana que confirme o amplíe la información sobre los años de matrícula de Gómez Sánchez.
El caso reabre la discusión sobre los filtros de verificación de hojas de vida en los nombramientos de alto nivel. Sectores de opinión y veedurías ciudadanas suelen pedir que la información sobre títulos, experiencia y publicaciones sea contrastada antes de posesionar a un funcionario, sobre todo si la persona habla en representación del presidente ante los medios de comunicación.
La vocería del gobierno implica presencia frecuente en ruedas de prensa, entrevistas y debates sobre decisiones de política pública. Por ese rol de cara al país, la credibilidad personal y profesional de quien la ejerce se convierte en parte de la credibilidad del gobierno que representa. La discrepancia advertida por la Revista Raya agrega un elemento de duda sobre esa cadena de confianza.
Queda por resolver si la vocera aclarará públicamente su situación académica, si el gobierno de De la Espriella abrirá una revisión interna del proceso de selección y si los organismos de control tomarán nota del caso. La investigación periodística deja abiertas varias preguntas que, por ahora, no tienen respuesta oficial en las fuentes consultadas.