Miller Soto, vocero del presidente Abelardo de la Espriella, declaró que la administración saliente de Gustavo Petro actuó con negligencia en el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad. Según el extracto de la fuente, durante su declaración puso la lupa en la fecha en que se expidió el decreto de liquidación.
De acuerdo con Infobae, el decreto se firmó el 19 de junio, a un día del vencimiento del plazo que había establecido la Corte Constitucional para que el Gobierno Nacional completara ese trámite. Soto cuestionó que la administración de Petro dejara la definición del acto administrativo para el final del término fijado por el alto tribunal.
El Ministerio de la Igualdad fue creado en 2023 como una de las apuestas emblemáticas del gobierno de Gustavo Petro. Su liquidación, ordenada tras la decisión de la Corte Constitucional de declararlo inexequible, implica el cierre de una cartera que concentró programas dirigidos a poblaciones históricamente marginadas, como mujeres, jóvenes y comunidades étnicas.
Soto afirmó que esa cartera "se fundó como una vitrina ideológica", una expresión que recoge la lectura del equipo entrante sobre el rumbo que tomó el ministerio durante el gobierno anterior. El señalamiento se suma a otras críticas que el bloque político de Abelardo de la Espriella ha hecho sobre la gestión de Petro en distintas áreas del Estado.
La liquidación de un ministerio del orden nacional es un procedimiento regulado que incluye la designación de un liquidador, la cancelación de contratos, la entrega de bienes y la reubicación del personal. El cumplimiento de los plazos ordenados por la Corte Constitucional es determinante para que ese proceso concluya sin sobresaltos administrativos ni riesgos legales para el Estado.
El pronunciamiento del portavoz se produce en medio de la transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella. En ese contexto, la forma en que se ejecuten los actos administrativos pendientes puede tener repercusiones sobre los funcionarios vinculados a la cartera cerrada y sobre los programas que esa entidad atendía.
La Corte Constitucional había ordenado al Ejecutivo adelantar los pasos para la liquidación dentro de un término específico. Que el decreto se expida un día antes de ese vencimiento, como reportó Infobae, abrió el debate sobre si la administración de Petro agotó el plazo con holgura o dejó la decisión para el último momento, lo que según Soto configuró una negligencia.
Por ahora, el gobierno entrante no ha anunciado medidas adicionales frente al proceso de liquidación. Lo que queda en curso es la etapa de cierre administrativo del Ministerio de la Igualdad y la revisión política que el equipo de Abelardo de la Espriella ha prometido sobre las decisiones tomadas por la administración de Petro en sus últimos meses.