El Gobierno nacional, a través de su portavoz Miller Soto, salió a explicar la ruta de transición de los programas sociales que venía gestionando el Ministerio de Igualdad. La explicación llega después de la entrada en vigencia del decreto que ajustó la estructura de esa cartera, ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella.
Soto sostuvo que los derechos de las personas con discapacidad, de las mujeres, de las comunidades étnicas y de los sujetos de especial protección constitucional no se liquidan con un decreto mal hecho. Esa frase resume la posición oficial frente a las críticas surgidas tras la restructuración.
Según el recuento de EL HERALDO, el decreto estableció que otras dependencias del Estado deberán asumir gradualmente las funciones que concentraba Minigualdad. La transición incluye programas dirigidos a poblaciones vulnerables, históricamente atendidas por esa cartera desde su creación en el anterior gobierno.
El Ministerio de Igualdad había centralizado líneas de trabajo como la atención a víctimas del conflicto, la inclusión productiva de mujeres, los programas para personas con discapacidad y los planes de igualdad para comunidades étnicas. Su liquidación administrativa abrió dudas sobre la continuidad operativa de esas agendas.
Voceros de organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la dispersión de los programas en múltiples entidades, pues consideran que ese diseño puede afectar la coordinación y la atención directa a los beneficiarios. El Gobierno respondió que la protección de esos derechos está garantizada por la Constitución, sin importar la dependencia encargada.
Otra inquietud que circuló en el debate público fue el destino laboral de los contratistas y servidores de Minigualdad. Soto no entregó cifras concretas en ese punto, pero indicó que los procesos de reasignación se harán conforme a la ley y respetando los derechos adquiridos por los trabajadores.
El decreto de restructuración forma parte de la estrategia de reorganización del Estado anunciada por la administración de Abelardo de la Espriella. La medida apunta, según el Gobierno, a reducir el tamaño del aparato burocrático y a eliminar duplicidades entre ministerios.
El sector social, representado en la mesa de seguimiento, pidió al Gobierno publicar un cronograma detallado con fechas y entidades responsables de cada programa. Hasta ahora, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social figuran como las dependencias que recibirán parte de las funciones, según ha trascendido.
Queda por verse cómo se concreta la transición en territorio, donde alcaldes y gobernadores esperaban directrices claras para no interrumpir la atención a las poblaciones atendidas por Minigualdad. El Gobierno prometió una comunicación oficial en las próximas semanas para resolver esos pendientes.