En una entrevista concedida a Noticias RCN, el ministro de Defensa designado por el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el Gobierno derogará varias normas. Aunque no enumeró cuáles, la afirmación abrió de inmediato el debate sobre los decretos y resoluciones que regulan la actuación de las fuerzas de seguridad en escenarios de orden público.
Una de las preguntas que quedó en el aire es si entre esas normas derogadas está la regulación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). La opinión pública ha discutido durante años el papel de este cuerpo de la Policía Nacional, encargado de intervenir en disturbios y manifestaciones, especialmente tras episodios de violencia en los que se reportaron civiles heridos.
El Esmad fue creado en 1999 como una sección especializada de la Policía para el control de multitudes. A lo largo de las décadas se convirtió en uno de los símbolos más discutidos de la política de seguridad interna, tanto por sus críticos como por quienes defienden su necesidad operativa para preservar el orden en eventos de gran convocatoria.
La posibilidad de derogar normas asociadas a su funcionamiento llega en un contexto sensible. Organizaciones civiles y de derechos humanos han pedido en reiteradas ocasiones protocolos más estrictos, mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los uniformados que actúan en escenarios de protesta. Al mismo tiempo, sectores vinculados a la Fuerza Pública argumentan que cualquier cambio debe garantizar condiciones de seguridad para los propios efectivos.
El anuncio del ministro se produjo en el marco de la presentación del nuevo gabinete ministerial y del rumbo que la administración de De la Espriella pretende imprimir a la cartera de Defensa. La derogación de normas, según lo expresado en la entrevista, hace parte de un paquete más amplio de revisión normativa que el Gobierno adelanta.
Para la ciudadanía, el debate es relevante porque las normas que regulan el uso de la fuerza en protestas y disturbios inciden directamente en derechos fundamentales como la libre circulación, la integridad personal y la reunión pacífica. Cualquier modificación, ampliación o eliminación de esos marcos regulatorios tendría efectos concretos en la forma en que se gestionan las manifestaciones en las ciudades del país.
La entrevista con Noticias RCN, citada por La Opinión, no entregó por el momento un listado oficial de los actos administrativos que serán derogados. Queda pendiente, entonces, que el Ministerio de Defensa publique los decretos y resoluciones específicos que harán parte de esta primera ola de derogaciones.
En el corto plazo, la atención se concentrará en la comunicación oficial del Gobierno y en la reacción del Congreso, de los organismos de control y de las organizaciones de derechos humanos. Cada uno de estos actores ha solicitado, en distintos momentos, reglas claras sobre la actuación de la Fuerza Pública en escenarios de orden público, lo que convierte este anuncio en un tema de seguimiento obligatorio.