El presidente Abelardo de la Espriella usó su discurso del 20 de julio, día en que Colombia conmemora la independencia, para anunciar el regreso de los bombardeos y las fumigaciones aéreas contra cultivos ilícitos. La decisión marca un giro en la política de lucha contra las drogas que el país había venido ajustando en los últimos años.
De la Espriella también anunció que despachará desde las regiones, una modalidad que implica trasladar parte del funcionamiento del gobierno a territorios fuera de Bogotá. Con esa decisión, el jefe de Estado busca reforzar la presencia institucional en zonas donde el Estado ha tenido menor presencia.
Las fumigaciones aéreas con glifosato fueron suspendidas en 2015 tras una sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó criterios de protección ambiental y de salud antes de reanudar el programa. Desde entonces, el debate sobre su regreso ha dividido a sectores políticos, ambientales y de derechos humanos.
El anuncio se enmarca en la estrategia de seguridad que el nuevo gobierno ha planteado como prioritaria. La lucha contra el narcotráfico y los grupos armados que se financian con él aparece en el centro de la política de defensa del Ejecutivo.
Para los habitantes de las regiones afectadas por cultivos de uso ilícito, la noticia tiene implicaciones directas. Las fumigaciones pueden afectar cultivos lícitos cercanos y fuentes de agua, según han denunciado organizaciones campesinas en el pasado. Al mismo tiempo, los bombardeos contra infraestructura de producción de drogas han generado preocupación por sus efectos en comunidades rurales.
Sectores defensores de derechos humanos han expresado históricamente su rechazo al regreso de las fumigaciones aéreas, argumentando riesgos para la salud y el medio ambiente. Gobiernos anteriores y organizaciones internacionales han promovido en cambio programas de sustitución voluntaria de cultivos.
El Ejecutivo deberá precisar cómo se implementarán estas medidas y bajo qué criterios técnicos y legales se reanudarán las fumigaciones. La decisión final sobre el uso del glifosato requiere protocolos ambientales y de salud pública avalados por las autoridades competentes.
Con el anuncio del despacho presidencial desde las regiones, De la Espriella pretende acercar la administración a los territorios más afectados por la violencia y el narcotráfico. La medida se suma a otras acciones de presencia territorial que el gobierno ha prometido desarrollar durante su mandato.
Por ahora, el contenido del discurso del 20 de julio fija el tono de la política de seguridad y drogas del nuevo gobierno. Resta esperar los decretos y protocolos que desarrollen el regreso de los bombardeos y las fumigaciones, así como los resultados de las primeras jornadas de despacho regional.