El presidente Abelardo de la Espriella anunció la creación de un protocolo nacional orientado a distinguir, dentro del campus universitario, entre la protesta pacífica y los hechos de violencia o vandalismo. El anuncio fue recogido por Publimetro, que tituló la declaración con la frase "Voy a ir por ustedes", atribuida al mandatario durante su intervención.
La propuesta surge en un contexto de creciente tensión en varias instituciones de educación superior del país, donde episodios de bloqueo de sedes, daños a infraestructura y enfrentamientos entre estudiantes y autoridades han sido noticia en los últimos meses. El gobierno busca, según lo planteado, fijar reglas claras que permitan a las Fuerzas de Seguridad y a las propias universidades actuar cuando se traspasen los límites de la manifestación.
Uno de los puntos sensibles del anuncio es la advertencia sobre una posible intervención del gobierno en los recintos universitarios. En Colombia, las universidades públicas gozan de autonomía, un principio constitucional que les permite gobernarse sin injerencia del Ejecutivo. Cualquier intervención directa choca, por tanto, con ese marco normativo y abre interrogantes sobre su viabilidad jurídica.
El protocolo, según lo informado por Publimetro, contempla diferenciar tres tipos de situación: la protesta pacífica, las acciones de hecho que impliquen daños a bienes públicos o privados, y los hechos de violencia que pongan en riesgo a la comunidad educativa. La clasificación busca que la respuesta estatal sea proporcional y evite criminalizar la expresión estudiantil legítima.
Organizaciones estudiantiles y rectores de universidades públicas han expresado, en otras ocasiones, su preocupación por cualquier medida que pueda interpretarse como una limitación al derecho a la protesta. El sector educativo recuerda que la autonomía universitaria es una garantía de pensamiento crítico y que su debilitamiento podría afectar la calidad de la educación superior.
Desde el ángulo de la seguridad, el gobierno sostiene que los episodios de vandalismo han afectado la normalidad académica y han puesto en riesgo a estudiantes, docentes y personal administrativo. La intervención, argumenta el Ejecutivo, busca restablecer condiciones mínimas de seguridad sin coartar el debate ni la movilización dentro de la ley.
Especialistas en derecho constitucional consultados en otros escenarios han señalado que cualquier protocolo que involucre a las Fuerzas de Seguridad dentro de campus universitarios debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. También advirtieron que la jurisprudencia colombiana protege la protesta social como expresión del derecho a la libertad de expresión y de reunión.
Por ahora, el gobierno no ha detallado la fecha de entrada en vigencia del protocolo ni los ministerios que liderarán su implementación. Queda pendiente conocer si el texto será presentado como decreto presidencial, como documento de política pública o como proyecto de ley ante el Congreso, decisión que determinará su alcance y los controles a los que estaría sujeto.
El anuncio llega en un momento clave del calendario académico, cuando las universidades se preparan para el inicio de un nuevo semestre. La expectativa de estudiantes, rectores y autoridades locales es que el gobierno convoque una mesa de diálogo antes de aplicar cualquier medida, para evitar que la protesta legítima termine siendo criminalizada en la práctica.