La posibilidad de modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial regresó al centro del debate político en Colombia, a solo dos meses de la posesión de Abelardo De La Espriella como jefe de Estado. Así lo registró el diario Vanguardia, que planteó la discusión sobre los efectos que tendría una reforma de ese tipo en el sistema democrático.
El artículo describe que la propuesta, si prosperara, abriría la puerta a que en el tarjetón de 2030 aparecieran el propio presidente De La Espriella, el ex presidente Álvaro Uribe y el ex presidente Gustavo Petro. Los tres figuran en el análisis como figuras con capacidad real de competir por la Casa de Nariño bajo un nuevo esquema constitucional.
Colombia prohibió la reelección presidencial inmediata en la Constitución de 1991 y la reforzó con el llamado “artículo prohibitivo” aprobado en 2015, tras el segundo mandato de Uribe (2002-2010). Esa barrera es el principal obstáculo jurídico que enfrenta cualquier iniciativa orientada a permitir que un presidente en ejercicio pueda aspirar a un nuevo período consecutivo.
En el contexto regional, la discusión sobre los límites a la reelección no es exclusiva de Colombia. Países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia han modificado sus cartas magnas para permitir la continuidad de los mandatarios, una y otra vez, lo que para distintos analistas ha concentrado el poder y debilitado los contrapesos institucionales. La comparación aparece con frecuencia en los argumentos de quienes se oponen a cualquier flexibilización.
El debate involucra a tres ramas del poder público. El Congreso tendría la última palabra sobre una reforma constitucional de ese tipo, pues requiere ocho debates en dos legislaturas. La Corte Constitucional, por su parte, ejerce el control previo de constitucionalidad sobre los actos reformatorios, y la Registraduría sería la encargada de organizar el nuevo tarjetón si la reforma llegara a aprobarse y a superar los controles judiciales.
Para la ciudadanía, el impacto de una reforma así va más allá de los nombres en el tarjetón. Un cambio en las reglas de juego redefine quién puede competir, cómo se financian las campañas y qué incentivos tienen los partidos para abrir o cerrar espacios. También condiciona el peso de las regiones, pues en Colombia las elecciones presidenciales suelen girar alrededor de candidatos con estructura nacional, no de fuerzas locales.
La propuesta reaviva además una fractura histórica entre sectores que defienden la prohibición actual como una garantía contra el hiperpresidencialismo y quienes argumentan que limitar la posibilidad de reelegirse desconecta al elector del apoyo o rechazo que pueda expresar sobre un gobierno en curso. La Corte Constitucional ya ha dicho que el constituyente derivado puede regular el derecho a ser elegido, siempre que respete los derechos fundamentales.
Quedan varios pasos pendientes antes de que la idea se concrete. Cualquier iniciativa debe sortear el trámite legislativo, superar el control automático de la Corte y, si se trata de un referendo, obtener el respaldo de una porción significativa del censo electoral. Mientras esos procesos avanzan o se estancan, el debate ya instaló en la opinión pública la pregunta sobre qué tipo de país se quiere para 2030.
Por ahora, la propuesta permanece en el terreno del debate. No hay un proyecto radicado formalmente en el Congreso ni una iniciativa ciudadana inscrita ante la Registraduría, según se desprende de la información publicada por Vanguardia. Lo que existe es la conversación pública sobre la reelección, reabierta en un momento sensible del calendario político colombiano.