El Consejo de Estado adoptó una decisión que frena el traslado de 4 billones de pesos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, según reportó Portafolio.co. La medida mantiene suspendidos los recursos mientras se resuelven las acciones legales en curso contra el decreto que los había ordenado.
El decreto en cuestión hacía parte de la estrategia del Ejecutivo de mover partidas presupuestales hacia la UNGRD, entidad encargada de atender emergencias por fenómenos naturales, atender la temporada de lluvias y coordinar ayudas en zonas afectadas por desastres. La UNGRD ha sido centro de controversies en los últimos años por señalamientos de corrupción en la contratación de obras y ayudas.
El presidente Gustavo Petro volvió a criticar la suspensión ordenada por el alto tribunal. Según el reporte de Portafolio.co, el Mandatario insiste en que el bloqueo de los recursos afecta la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias nacionales. Las declaraciones se conocen en un contexto de cierpios en los que distintas regiones del país han reportado afectaciones por lluvias.
La suspensión del decreto se suma a la cadena de decisiones judiciales que han limitado movimientos de recursos del presupuesto nacional durante el actual Gobierno. Sectores de opinión han señalado que estos bloqueos comprometen la atención a damnificados, mientras que voces críticas han cuestionado la pertinencia del traslado original.
Para la ciudadanía, la discusión tiene efectos prácticos: la UNGRD atiende emergencias, entrega ayudas humanitarias y financia obras de mitigación en municipios vulnerables. Un retraso en el giro de recursos suele traducirse en menor capacidad de respuesta en zonas afectadas por inundaciones, deslizamientos y emergencias invernales.
Desde el punto de vista institucional, el Consejo de Estado cumple el rol de guardián de la legalidad de los actos administrativos del Gobierno. Sus pronunciamientos sobre decretos presupuestales suelen dirimir tensiones entre la urgencia de ejecutar políticas públicas y el cumplimiento de los requisitos legales para mover partidas del Presupuesto General de la Nación.
El extracto divulgado por Portafolio.co no precisa la fecha exacta de la providencia ni los argumentos completos del alto tribunal. Tampoco detalla las acciones jurídicas pendientes ni el plazo para resolverlas, por lo que el desenlace del proceso sigue abierto y dependerá de los trámites que adelante la Sala competente.
Mientras se define la situación, queda en disputa el destino de 4 billones de pesos asignados a la atención del riesgo de desastres. El pulso entre el Ejecutivo y la jurisdicción contencioso administrativa pone en el centro el debate sobre los límites del decreto presidencial en materia presupuestal y la protección de los recursos destinados a emergencias.