La DIAN confirmó el envío de más de 1.400 funcionarios a puntos de venta de grandes superficies en distintas ciudades del país. Las visitas, según reportó El Cronista, se enfocan en dos frentes: la correcta expedición de facturas y el adecuado registro de ingresos ante la autoridad tributaria. El operativo combina personal técnico y abogados para revisar documentación contable y responder dudas in situ.
El procedimiento hace parte de las facultades de fiscalización que la ley le otorga a la DIAN como entidad recaudadora. Los funcionarios pueden ingresar a los establecimientos, solicitar libros contables, comparar los registros de ventas con la facturación electrónica emitida y levantar actas si encuentran inconsistencias. Cuando se detecta un posible incumplimiento, el proceso continúa con investigaciones formales y sanciones si la DIAN lo determina.
Las grandes superficies concentran un volumen significativo de transacciones diarias, lo que las convierte en un punto sensible para el recaudo. Por eso la DIAN suele incluirlas en sus planes de control: un solo error en la factura o en el reporte de ingresos puede multiplicarse por miles de operaciones al día. La autoridad ha reiterado que la facturación electrónica es la herramienta principal para cruzar información y detectar evasión.
El operativo llega en un momento en el que el Gobierno nacional insiste en cerrar la brecha de evasión y elusión de impuestos. En los últimos años, la DIAN ha ampliado el uso de datos electrónicos, cruces automáticos y visitas presenciales a sectores con alto flujo de caja. Sectores como comercio, restaurantes, construcción y servicios financieros han sido objeto de controles similares, con resultados divulgados en informes de gestión de la entidad.
Para los consumidores, la principal garantía de una visita de este tipo es que sus compras queden respaldadas con factura electrónica. Este documento es el soporte para reclamar garantías, devoluciones o para deducir impuestos en caso de personas naturales declarantes. Si un establecimiento omite la factura, el cliente puede exigirla, y la omisión misma puede ser denunciada ante la DIAN.
Para los empresarios del comercio, en cambio, el mensaje es claro: la tolerancia frente a errores de facturación tiende a reducirse. Las sanciones por no expedir factura o por reportar ingresos menores a los reales pueden ir desde multas hasta el cierre temporal del establecimiento, dependiendo de la gravedad y la reincidencia. Por eso, administradores y contadores suelen prepararse con auditorías internas antes de este tipo de operativos.
La fuente consultada por El Cronista no detalla cuántas superficies fueron visitadas ni en qué ciudades, aunque la magnitud del equipo sugiere un alcance nacional. Tampoco se reportaron, hasta el momento, cierres ni sanciones derivadas directamente de esta jornada. La DIAN suele comunicar los resultados consolidados en sus reportes periódicos de fiscalización, una vez concluyen las visitas y se procesan las actas.
Quedan varias preguntas abiertas: cuáles fueron los principales hallazgos, cuántos establecimientos quedaron bajo investigación y si el operativo se repetirá en otros formatos de comercio. Por ahora, lo confirmado es el despliegue y su propósito. El seguimiento posterior de la DIAN y de los medios permitirá saber si la jornada terminó en llamados de atención, acuerdos de pago o sanciones formales.