El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0612 de 2026, una norma que concentra las disposiciones de orden público vigentes durante la jornada electoral presidencial que se cumplirá este fin de semana en Colombia. El texto, como ocurre con cada elección nacional, reúne una serie de restricciones temporales que se aplican en todo el territorio, incluida la llamada ley seca, según reportó ELTIEMPO.COM.
La ley seca consiste en la prohibición de vender y consumir bebidas embriagantes durante una franja horaria específica. Su activación responde a la necesidad de reducir incidentes de alteración del orden público asociados al consumo de alcohol en los días de votación, un mecanismo que el Estado colombiano aplica de forma periódica en jornadas electorales desde hace décadas.
El decreto contempla otras disposiciones orientadas a garantizar la tranquilidad en los municipios donde se instalarán las mesas de votación. Aunque el extracto publicado por ELTIEMPO.COM no detalla cada una de estas medidas adicionales, la práctica institucional muestra que suelen incluir restricciones a la portación de armas blancas, limitaciones al tránsito de vehículos en zonas cercanas a los puestos de votación y controles especiales de la fuerza pública.
El cubrimiento periodístico de ELTIEMPO.COM precisa las fechas y horarios en los que rige la prohibición de licor en las distintas regiones del país, información práctica para los ciudadanos que planean sus actividades del fin de semana. Los horarios pueden variar según el municipio o el departamento, por lo que las autoridades recomiendan consultar los actos administrativos locales de cada alcaldía o gobernación.
Para los votantes, las implicaciones son directas: durante las horas señaladas no será posible adquirir alcohol en establecimientos comerciales, ni consumirlo en espacios públicos. Tampoco aplica dentro de los vehículos automotores. Quienes incumplan la medida enfrentan sanciones administrativas y, en algunos casos, responsabilidades penales si su conducta se enmarca en riñas o alteraciones del orden público.
Las fuerzas militares y de policía desplegarán operativos en las cabeceras municipales y zonas rurales para vigilar el cumplimiento del decreto. La Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de organizar las elecciones, trabaja de manera articulada con la Fuerza Pública para asegurar que las mesas se instalen a tiempo y los votantes puedan ejercer su derecho sin contratiempos.
La ciudadanía puede informarse sobre los alcances de la medida a través de los canales oficiales de cada alcaldía y de la página web del Ministerio del Interior, donde se publica el texto completo del decreto. También las redes sociales de la Policía Nacional difunden boletines con los horarios exactos y los puntos de control habilitados en cada ciudad.
Queda pendiente que las autoridades locales, especialmente alcaldías y gobernaciones, expidan los actos administrativos internos que ajusten la medida a las realidades de cada municipio. En algunos casos, los mandatarios locales pueden ampliar o restringir los horarios establecidos en el decreto nacional, por lo que la recomendación general es verificar la normatividad vigente en la jurisdicción donde se encuentra el ciudadano.