La influenciadora Yina Calderón se pronunció sobre el proceso judicial que enfrenta Epa Colombia y, según reportó Revista Semana, le dirigió una solicitud puntual al presidente Abelardo de la Espriella. El contenido exacto de la propuesta fue divulgado por la propia Semana en su edición digital.
Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, es una creadora de contenido condenada en 2022 por la Corte Suprema de Justicia a 63 meses de prisión por los hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando dañó las instalaciones de un peaje y varios TransMilenios en Bogotá durante las protestas del paro nacional. La condena incluía una multa y la prohibición de usar redes sociales para la difusión de mensajes de odio.
Tras cumplir parte de la pena, Barrera obtuvo beneficios judiciales que le permitieron salir de prisión y continuar su condena en casa. Su caso ha sido objeto de debate público por la naturaleza del delito, la duración de la pena y el tratamiento que las redes sociales y la opinión pública han dado a las influenciadoras condenadas.
Yina Calderón, también figura del mundo digital, ha sido cercana a Epa Colombia y ha seguido de cerca su proceso. De acuerdo con Semana, la propuesta elevada al presidente se inscribe en la discusión sobre la situación judicial de Barrera y el alcance de las decisiones del Gobierno nacional en este tipo de casos.
La solicitud se da en un contexto en el que la figura presidencial suele recibir pedidos formales y públicos de distintos sectores ciudadanos. La Corte Suprema de Justicia fue la encargada de emitir la condena original, por lo que cualquier modificación sustancial de la pena corresponde al sistema judicial y no a una decisión administrativa del Ejecutivo.
Por ahora, ni la Presidencia de la República ni el sistema judicial se han pronunciado públicamente sobre esta petición de Yina Calderón. La discusión queda abierta en el debate nacional sobre los límites entre la justicia, la influencia de las redes sociales y el papel de las personalidades digitales en la conversación pública.
El caso de Epa Colombia ha generado pronunciamientos de figuras políticas, líderes de opinión y organizaciones civiles. La petición de Calderón se suma a esa lista y reaviva la pregunta sobre cómo se resuelven judicialmente los casos de personas con amplia exposición mediática.