La influenciadora Yina Calderón publicó un mensaje en redes sociales dirigido al presidente Abelardo de la Espriella en el que solicitó que su Gobierno revise el proceso judicial que enfrenta Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia. Según reportó Infobae, la solicitud se produjo después de que Barrera fuera conducida a una audiencia en Ibagué con esposas en las manos y en los pies.
En el video, Calderón apareció llorando y dirigió su petición directamente al jefe de Estado. Cuestionó el uso de las sujeciones en los pies y afirmó, según la fuente, que “hay bandidos con acuerdos”. Con esa frase señaló lo que, a su juicio, sería un trato diferenciado entre personas privadas de la libertad según su nivel de reconocimiento o de poder económico.
Daneidy Barrera Rojas fue condenada por su responsabilidad en los hechos ocurridos durante las protestas de noviembre de 2019, cuando varios TransMilenios y estaciones del sistema de transporte masivo de Bogotá resultaron afectados. El proceso penal en su contra se ha desarrollado en los tribunales de Ibagué, ciudad a la que fue trasladada para las audiencias.
La influenciadora construyó su carrera en plataformas digitales y cuenta con millones de seguidores en redes. Su pronunciamiento se sumó a voces ciudadanas que han cuestionado las condiciones de reclusión y el tratamiento judicial de distintos procesados. La petición fue emitida de manera pública, en un formato de video, y se compartió en las mismas plataformas donde Calderón desarrolla su actividad.
El caso reabrió el debate sobre los protocolos de seguridad en las audiencias judiciales y sobre el uso de elementos de sujeción durante el traslado de procesados. Distintos sectores han planteado en otras oportunidades que estas medidas deben responder a criterios técnicos de riesgo y no a criterios de opinión pública o de exposición mediática del detenido.
La solicitud de Calderón al presidente De la Espriella se inscribe dentro de las facultades que la Constitución asigna al jefe de Estado en relación con la preservación del orden público y con la atención de peticiones ciudadanas, sin que ello implique una injerencia directa en las decisiones de los jueces, que conservan su independencia.
Por ahora, desde el Gobierno nacional no se conoció un pronunciamiento oficial sobre la petición de la influenciadora ni sobre las condiciones de traslado de la procesada. El proceso judicial continúa en la jurisdicción ordinaria, que será la encargada de definir las condiciones de desarrollo de las audiencias pendientes.
El episodio dejó instaladas dos discusiones paralelas: por un lado, la referida a las condiciones de seguridad y de dignidad en el trato a personas privadas de la libertad durante sus traslados; por el otro, la relativa al papel de figuras públicas en la conformación de la opinión sobre decisiones del sistema judicial.